La resolución del contrato del cívico de Fuentecillas, pendiente de informe jurídico

El organismo regional apunta que el Consistorio disponía solo de tres meses para resolver el expediente, y no los ocho que defienden los técnicos municipales. Se escudan en una sentencia del Tribunal Constitucional que considera que las administraciones locales están excluidas de los plazos de ocho meses, explica Sonia Rodríguez.

La concejal de Patrimonio indica que, ante esta situación, se ha pedido un informe jurídico para que aclare los plazos y, así, se pueda tomar una decisión. Rodríguez ha recordado que las resoluciones del Consultivo no son vinculantes, es decir, hay que solicitarle opinión pero no están obligados a atender sus conclusiones.

De este modo, el Ayuntamiento podría seguir adelante con el expediente iniciado, si considera que les es aplicable el plazo de ocho meses, y rescindir el contrato con la empresa. Pero también aceptar que está caducado y reiniciar todo el procedimiento. Todo dependerá de lo que digan los jurídicos municipales.

Un contratiempo que, sin embargo, no va a suponer retrasos añadidos. Sonia Rodríguez explica que, si bien hay que tener rescindido el contrato antes de adjudicar de nuevo las obras, para llegar a ese punto hay que tener modificado el proyecto, preparados los pliegos y lanzado el concurso. Y todavía se está trabajando en estos asuntos.

«Se ha encargado la modificación del proyecto» para adaptarlo a nuevas normativas, sobre todo relativas a eficiencia energética, y a las revisiones de precios por la crisis de materiales. Se presentará en las próximas semanas y, entonces, se podrán preparar los pliegos de condiciones y volver a licitar las obras.

Así que, aunque el Consultivo hubiera respaldado el expediente municipal y el contrato se pudiera resolver de manera inminente, sin disponer del proyecto no se podía tampoco avanzar. Es por ese motivo que Sonia Rodríguez asegura que, en cuanto en plazos, no se ha producido ningún cambio sobre las previsiones.

La intención del equipo de Gobierno es tener licitadas las obras antes de acabar el presente mandato, y se dispone de partida económica para ello. Luego ya llegará la adjudicación, que es el trámite que exige que se haya rescindido el contrato anterior, y el inicio de los trabajos, que tardarán unos cuantos meses.

Por otra parte, la resolución del contrato se valorará si cabe pedir algún tipo de indemnización para el Ayuntamiento, auque hay que probar que ha existido un perjuicio y cuantificarlo. También, si puede establecerse la prohibición de licitar con el Ayuntamiento. Lo que sí está garantizado es que el Consistorio no devolverá la garantía depositada por la empresa.