La plusvalía sigue liderando las reclamaciones económicas pero sin atascar el Ayuntamiento

El pasado año «ha sido un éxito», ha afirmado el concejal de Hacienda, David Jurado. El tribunal empezó con 823 reclamaciones pendientes de resolver, a las que se fueron sumando las 147 que se presentaron a lo largo de todo el año. Así, han estado tramitando cerca de un millar de reclamaciones y se han conseguido resolver 617, quedando pendientes 353. De ahí que Jurado confíe en que, para este año, la situación se acabe de normalizar en el tribunal.

A ello va a contribuir, como ha contribuido ya a descongestionarlo, las modificaciones introducidas en el impuesto de plusvalías tras la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2021. Ahora ya solo se paga cuando existe una plusvalía, y habiendo quedados claros los criterios, no se va a producir la entrada masiva de reclamaciones (como en años precedentes). Además, las ya presentadas se resuelven con mayor celeridad.

Así ha quedado demostrado en la memoria anual del TEAM. De entrada, en el 2022 solo se presentaron 39 reclamaciones por el impuesto de plusvalías, cuando han sido 480 las resueltas. Jurado recuerda que, hasta la sentencia del Constitucional, el pago de la plusvalía era obligatorio, así que los casos en los que no correspondían acababan en reclamación (vía recurso, vía reclamación al tribunal o, ya en el extremo, ante el Contencioso-Administrativo).

De ahí que en 2022 se haya notado ese descenso importante en las reclamaciones de plusvalías, lo que ha contribuido a que se registre una caída del 41 % en las reclamaciones económico-administrativo (fueron 147 frente a las 246 del año anterior). Además, los cambios en la normativa han permitido clarificar la resolución de las reclamaciones, con su estimación en la mayoría de los casos: 376 de las 480 resueltas; 19 han sido inadmitidas, 9 desestimadas y 76 archivadas.

Otra de las consecuencias, que ya se puede comprobar, es la reducción de la litigiosidad por la vía contenciosa. Tal como recuerda el TEAM en su propia memoria, la «inactividad» en la que estuvo sumido ha derivado en reclamaciones por silencio administrativo. Han sido 300 las reclamaciones impugnadas, de las cuales, el 75,6% correspondieron al impuesto de plusvalías. Estimadas han sido 116, de las cuales, 103 eran de plusvalías, favorecidas por la sentencia del Constitucional.

Con todo ello, en el Tribunal Económico-Administrativo Municipal esperan que para el nuevo año se normalice la situación. Es decir, que si bien el impuesto de plusvalías pueda seguir siendo el objeto del mayor número de reclamaciones, su entrada esté mucho más contenida, lo que permitirá ir resolviendo reclamaciones al ritmo de entrada. También, que muchas menos acaben en la vía contenciosa, pues no se pasarán los plazos máximos de respuesta por atasco o inactividad.

El concejal de Hacienda asegura que el Órgano de Gestión Tributaria también ha normalizado la situación en cuanto a la gestión del impuesto de plusvalías. Después de tener que devolver 4,2 millones de euros, por reclamaciones puestas desde 2017 al albur de la nueva normativa, ahora son menos y de menor cuantía las devoluciones a gestionar. Eso sí, los cambios impositivos han tenido sus consecuencias en las arcas municipales.

En 2021, con el borrador del presupuesto de 2022 casi cerrado, tocó recalcular los ingresos derivados del impuesto de plusvalías. Se pasó de los 10,1 millones previstos a 7,5 millones. Sin embargo, hasta esa cuantía ha resultado ser elevada. En la liquidación del cuatro trimestre la cifra de ingresos por esa vía se quedaba en 6,5 millones, así que para las cuentas de 2023 se ha rebajado la previsión a los 6 millones de euros.

David Jurado valora que el contribuyente solo pague por lo que tenga que pagar, es decir, que el impuesto de plusvalías se acomode a una realidad de devaluación de las propiedades. Sin embargo, considera que el Estado debería tener en cuenta que la nueva normativa ha supuesto una pérdida de ingresos ya consolidados para los ayuntamientos. En el caso de Burgos estamos hablando de 4 millones de euros que, a su juicio, deberían compensarse de algún modo.