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Un pleno extraordinario para explicar al ciudadano la Ordenanza de Movilidad. Ese era el objetivo del Partido Popular cuando solicitó la convocatoria de un mecanismo que ha congregado esta mañana a gran parte de los concejales para debatir y analizar la convivencia de la bicicleta, ... vehículos, patinetes y peatones en Burgos. Una sesión convocada para aclarar a los burgaleses asuntos de movilidad y que, sin embargo, les ha dejado prácticamente igual. Pocas conclusiones para el ciudadano, mucho debate político y un coste para las arcas municipales superior a los 8.000 euros.
Falta la señalización, los policías siguen en un periodo informativo (se desconoce la fecha en la que empezarán a sancionar), y el retraso de las líneas de autobús, a priori, será mínimo. O sea, que la vida sigue igual.Los más destacado vino por parte del secretario, Javier Pindado, que ha asegurado que parte de la Ordenanza no ha entrado aún en vigor como la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas las calles de un solo carril.
Y a partir de ahí debate político. Acusaciones, miradas al pasado e interrupciones para desmontar los discursos de los rivales, divididos en PP y Vox, por un lado; y PSOE, Ciudadanos y Podemos, en el otro. Y también muchas preguntas que lanzó el concejal del PP Jorge Berzosa. «¿Qué pasaría si se comete un delito en el término municipal vinculado con la ordenanza?» Del mismo modo, ha planteado la posibilidad de que se recurra a la Fiscalía algún incidente, como por ejemplo un atropello a 31 kilómetros por hora, ya que el Código Penal determina que se debería considerar un delito por imprudencia, algo que, tal y como ha remarcado, no conoce la mayoría de la ciudadanía. Incertidumbres no respondidas en la sesión extraordinaria.
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Y mientras tanto el pleno continuaba cual partido de tenis. Después de devolver la bola el PP, era el turno del PSOE, que se defendía primero en palabras del alcalde, que ha tildado de «bochornoso» y «vergonzoso» la sesión de esta mañana, además de retrotraerse al 2010, cuando los populares aprobaron una Ordenanza de Movilidad. A esa también se ha agarrado el edil de Ciudadanos Julio Rodríguez-Vigil.
Entre las recriminaciones de los políticos, Vox ha aprovechado para recriminar al PSOE que no hubiese convocado una Junta de Portavoces para preparar la sesión plenaria, algo que también ha criticado el PP, y ha reprochado al equipo de Gobierno que trate de defender una movilidad sostenible en el término municipal, cuando luego potencia la compra de vehículos diésel y fuerza al renting de las empresas contratadas para la prestación de servicios.
Por su parte, el concejal de Podemos, Israel Hernando, ha utilizado su intervención para criticar el uso del coche oficial que durante años realizó el PP desde su posición en la Alcaldía, una agrupación a la que ha acusado de ir contra de una movilidad sostenible en los últimos años y que, ahora, «se dedica a poner palos en las ruedas porque ha perdido las elecciones».
Lo que sí que quedó claro es lo que costará esta sesión plenaria. 8.000 euros según ha adelantado el alcalde, que ha invitado a los concejales a renunciar a las dietas. Tan solo Hernando ha asegurado, durante el pleno que no cobrará por asistir a la sesión de esta mañana, una asistencia que se paga a 375 euros por cabeza (a excepción de los ediles con dedicación exclusiva).
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