De Olivares a la ruptura de PP y Vox: las polémicas más sonadas en el Ayuntamiento de Burgos

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 1 de diciembre 2024 | Actualizado 02/12/2024 14:07h.

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La cuestión de confianza a la que se sometió la alcaldesa, Cristina Ayala, el pasado jueves ha sido a la segunda desde la historia de los ayuntamientos democráticos en Burgos. El pacto de Gobierno con Vox se fracturó hace una semana tras el voto en contra de los cuatro ediles de la formación de Santiago Abascal al presupuesto. La cuestión de confianza a la que se sometió Ayala el jueves servirá, al menos, para sacar adelante un proyecto que la alcaldesa ha tildado de «necesario y bueno para la ciudad».

La primera cuestión de confianza en el Ayuntamiento de Burgos se produjo hace casi 25 años. Tuvo como protagonista en el año 2000 a Ángel Olivares, alcalde por el PSOE, tras la ruptura del tripartito, formado por PSOE, Tierra Comunera e Izquierda Unida. Aquel pacto apenas duró siete meses y fue la primera vez que el PP perdió unas elecciones y la mayoría balanceó hacia la izquierda el mandato entre 1999 y 2003.

En ese mandato, Tierra Comunera rompió el pacto en enero del año 2000. Las posturas irreconciliables entre el líder comunero, Luis Marcos, y el entonces alcalde Ángel Olivares llevaron a la ruptura y a un gobierno en minoría del PSOE y de IU. Olivares tuvo que someterse a una cuestión de confianza para aprobar el presupuesto de aquel año, bajo la amenaza de un pacto y una moción de censura entre el PP, liderado por Ángel Ariznavarreta y Tierra Comunera, con Luis Marcos, que acababa de salir del gobierno municipal con el PSOE.

Sin embargo, no llegaron a ningún tipo de acuerdo y por consiguiente no fueron capaces de formar otra mayoría alternativa y plantear una moción de censura y el presupuesto de 2001 quedó automáticamente aprobado.

Aquella corporación dejó la primer el primer concejal no adscrito desde el inicio de la democracia. José Manuel Nuño, que había entrado en las listas de Acción Popular Burgalesa Independiente (APBI), liderada por Álvaro Baeza, se desgajó de ese partido que había obtenido 10.000 votos y paso a ser concejal no adscrito.

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Después de aquel convulso gobierno, que apenas pudo sacar adelante proyectos por el bloqueo que toda la oposición hizo al gobierno en minoría, regresó el poder a los populares de la mano de Juan Carlos Aparicio, que acababa de cesar como ministro de Trabajo del gobierno de José María Aznar.

Fueron ocho años relativamente tranquilos en los que la mayoría absoluta popular no dejaba espacio a especulaciones. Tras los ocho años de Aparicio al frente de la alcaldía, el PP presentó como número uno de la lista al que de manera encubierta ejercía de alcalde cuando Juan Carlos Aparicio acudía a las sesiones de las Congreso de los Diputados, porque compaginaba el papel de alcalde con el de diputado en el Legislativo.

Ese alcalde 'in pectore' los cuatro últimos años era Javier Lacalle, que en 2011 se convertía en regidor con mayoría absoluta. Sin embargo, esa mayoría absoluta se vio salpicada por algunos escándalos que llevaron a que ese gobierno municipal tuviera varias bajas.

El alcalde tuvo que estirar la lista hasta el número 20 de la plancha que había presentado al Ayuntamiento de Burgos por diversas bajas. La más sonada fue la del concejal Eduardo Villanueva, que se vio obligado a dimitir, a finales de 2012, por el escándalo de las facturas de telefonía que alcanzaron los 200.000 euros. El edil duplicó una tarjeta de un teléfono móvil que generó una factura estratosférica. Reconoció el error, pero el equipo de gobierno con Lacalle a la cabeza le obligó a entregar el acta.

De aquel mandato, pasaron del banquillo de los suplentes ser titulares, Esteban Rebollo, Antonio Antón, Nieves, Sanz y Virginia Torres. Todos ellos, en sustitución de Eduardo Villanueva, Santiago González, el Tala, o Gema Conde.

Esa convulsión también llegó a la oposición. Un partido de nuevo cuño, Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido fundado por Rosa Díez, había tenido el gusto del electorado. Obtuvo tres concejales Rosario Pérez Pardo, Roberto Alonso y Julián Altable. Ambos, Alonso y Altable, coincidiendo con la descomposición del partido magenta, presentaron su dimisión y pasaron a formar parte del grupo de escritos, apenas a un mes de las elecciones.

El periodo 2015 - 2019 fue el primero de los mandatos municipales sin mayoría absoluta de un partido concreto. En el panorama municipal irrumpió, rompiendo todos los pronósticos, Imagina Burgos, una amalgama de partidos de izquierda, verdes y un reducido grupo anti capitalista que obtuvo seis asientos en el Ayuntamiento de Burgos. Sin embargo, la suma de los seis ediles de Imagina más los siete del PSOOE no era suficiente para arrebatar la Alcaldía a un Javier Lacalle, que tuvo que gobernar cuatro años en minoría, no sin dificultades.

También apareció un nuevo partido emergente como Ciudadanos. Lo hizo con polémica desde el primer día porque la edil Silvia Álvarez de Eulate pasó al grupo de los no adscritos en el Pleno de Investidura. El partido de Albert Rivera había obtenido cuatro asientos en el Ayuntamiento de Burgos, que se quedaron en tres con el paso de Eulate al grupo de no adscritos.

Pero no fue la única. Mediado el mandato saltó el escándalo de los viajes del concejal de Cultura, Fernando Gómez, que hizo explotar el grupo municipal y tras una comisión de investigación, su grupo municipal le hizo dimitir. Gómez aludió a una persecución feroz que sufría por parte de la oposición y justificó el cobro de indemnizaciones sustitutorias por los viajes realizados fuera de la ciudad para cumplir sus cometidos como concejal. Estamos en mayo de 2016. En apenas un año de mandato municipal ya contaba el Ayuntamiento con dos concejales no adscritos.

Un año después llega la crisis de Imagina Burgos. Raúl Salinero y Blanca Guinea fuerzan una ruptura que se venía fraguando por las diferencias internas de la coalición. Ambos pasan a ser no adscritos hasta el final del mandato. Antes ya había abandonado la formación Javier Gil, que fue sustituido por Antea Izquierdo, no sin antes sufrir un rosario de renuncias hasta llegar a la concejala de los Anticapitalistas.

De esta manera, Imagina Burgos se quedaba con cuatro concejales, los mismos ediles que había en el limbo de los no adscritos. Pero no iban a ser los últimos, porque a falta de unos meses, una segunda crisis llevó a Marco Antonio Manjón, a salir de la formación multicolor y engrosar ese indeterminado grupo que ya ha agrupaba a cinco ediles, era marzo de 2019.

Esta fuga de ediles, de todos los partidos, excepto del PSOE, ha sido una tónica general en los últimos mandatos. En algún momento se les puede considerar como tránsfugas, pero la realidad es que hacen valer su acta, que es personal, por encima de la disciplina de su partido o de la formación por la que fueron elegidos concejales.

Para la ciudadanía, este fenómeno es una anomalía democrática que deriva de la atomización y la proliferación de formaciones políticas que, o bien duran muy poco en el tiempo, o se diluyen como un azucarillo en las siguientes elecciones.

El último ejemplo de concejal no ha escrito se daba en el anterior mandato con Daniel de la Rosa como alcalde. Fue el concejal de Ciudadanos Julio Rodriguez Vigil tras abandonar el partido naranja por no sentirse apoyado en la polémica acaecida tras una denuncia del área de Licencias. En octubre de 2001 pasó al grupo de n adscritos, para dimitir definitivamente y entregar el acta a escasos días de unas nuevas elecciones en 2023.

Antes de Rodríguez Vigil se habían producido dos renuncias anteriores en Podemos. Raúl Salinero dejó su acta a los pocos meses de haber sido elegido como cabeza de lista de la formación morada. En su lugar llegó Israel Hernando, que también en 2021 abandonó su acta en favor de Isabel Arribas. Todo ello también en una crisis interna de la izquierda en el ámbito nacional y local.

A pesar de esa convulsión interna en los partidos, manifestada en las salidas por la puerta de atrás, el caso más curioso de los acontecidos en la Casa Consistorial de Burgos es el de las elecciones de 1995. Por aquel entonces, apareció una figura ligada al fútbol en la ciudad. Un expresidente del Burgos CF hasta los años 80 y del Real Burgos hasta 1992. Su gestión llevó a los dos clubes a la ruina económica. Pese a ello, buscando un interés mayor que el político, regresó a la capital de la provincia en la que nació para dar la batalla política a un Ayuntamiento con el que nunca pudo hacer negocio.

Era Antonio Martínez Laredo. Consejero de una entidad bancaria, con negocios inmobiliarios y con ganas de ser alcalde de Burgos. Creó un partido, Progreso, Unión y Libertad (PUL). Se presentó a las elecciones de mayo de 1995. Prometió el oro y el moro, se gastó un buen pico en la campaña electoral y sacó su asiento en el Pleno.

Asistió a la toma de posesión. Fue su primer y último Pleno. No volvió a aparecer ni entregó su acta. En esos cuatro años de mandato hasta 1999, el Ayuntamiento de Burgos contó con 26 concejales, no los 27 que estipula la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para el volumen de población de la ciudad.