El juzgado anula el proyecto de Burgos Central

Meses atrás, el tribunal ya acordó suspender cautelarmente la adjudicación mientras se tramitaba el recurso. En aquel momento, el argumento era sencillo: el desarrollo del proyecto debía estar sustentado en una ordenanza que lo avalara. Una ordenanza que en aquel momento no existía.

Ahora, una vez analizado el caso con detenimiento, el juez de lo Contencioso-Administrativo se ratifica en su argumento, subrayando la obligación de establecer primero un marco legal que regule la implantación de la zona de bajas emisiones en la ciudad.

Y es que, a pesar de que el Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para modificar definitivamente la actual ordenanza de Movilidad para tal fin, lo cierto es que en este momento «carece» de un texto que defina y regule la ZBE, ni que determine, ni su concreta ubicación, ni delimitación, ni tampoco el que, dentro de esa categoría general, a su vez establezca esa clasificación de zona cero, zona básica o zona ampliada, conforme al objeto del contrato».

Lejos de ello, insiste el juez en la sentencia, «el Consistorio -a través del contrato y del proyecto por el que se ejecuta- ha fijado primero la zona, decidiendo qué lugares concretos crear e instalando los puntos de control correspondientes, y ha dejado para más adelante la aprobación de la ordenanza», un modo de proceder totalmente inapropiado.

Así pues, y a la vista de la situación, el juzgado ha tumbado definitivamente el contrato adjudicado en su día a Etralux por 3,5 millones de euros, de los que 2,6 millones están vinculados a fondos europeos.

Da la casualidad de que el Pleno del Ayuntamiento debatirá este mismo viernes la modificación de la ordenanza de Movilidad con la que se pretende dar cobertura legal a la implantación de la zona de bajas emisiones.