El jurídico municipal pide una fianza de 3,5 millones al PP por si se supende la zona de bajas emisiones

Blasco ha asegurado que han demandado la paralización del contrato «al entender que adolece de documentación básica en un procedimiento de estas características, como un plan de calidad del aire, estudios técnicos y una ordenanza que permita a los burgaleses acerca de los cambios que se pretenden materializar», explica en un comunicado.

Desde la formación insiste en que el contrato está «repleto de ilegalidades» y prevé la dotación de unos equipamientos que no se utilizarán en ningún momento. Además, su tramitación ha estado marcada por el «oscurantismo», sin explicación alguna a la oposición, y recuerda Blasco que ni se ha atendido al recurso de reposición ni se ha permitido acudir al TARCYL.

Sin embargo, ahora llega el informe del asesor jurídico, que se posiciona contra el PP. De ahí que la portavoe le recuerde que «debe representar a toda la corporación y no solo a los intereses del regidor socialista». Asimismo, considera que «no es más que un subterfugio de Daniel de la Rosa, que demuestra la preocupación que el bipartito tiene en torno a este contrato».

Ante esta situación, la portavoz del Grupo Municipal Popular se ha comprometido a paralizar las obras de implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, en caso de que gobierne el PP, con el objetivo de dar voz a los burgaleses a través de una ordenanza.

Blasco ha destacado la importancia de poner fin a la «restricción de libertades» que quiere materializar el bipartito del PSOE y Cs, a través de un contrato «plagado de irregularidades» y basado en restricciones.