Estiman que la zona de bajas emisiones se implantará en Burgos el 31 de diciembre

El Consejo del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado de manera definitiva la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Esta normativa se aprobó con carácter inicial en el Pleno del pasado 29 de abril y una vez resueltas todas las alegaciones ha llegado la definitiva que ha de ratificarse en el Pleno de este viernes.

La propuesta primitiva efectuada en su día por el equipo de Gobierno de PSOE y Cs, en el mandato anterior fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL); la actual coalición de Gobierno, con PP y Vox, redactó una nueva ordenanza mucho menos restrictiva que la original.

En este sentido, la tramitación actual «llegará en tiempo y forma» pese a la presión de los plazos y a que el PSOE haya anunciado que tiene la intención de, una vez que se produzca la aprobación definitiva, «acudir a los tribunales de justicia».

Desde el equipo de Gobierno se les ha hecho ver «la inadecuación de ese proceder, porque entendemos que no existe ningún fundamento jurídico para ello», subraya el concejal responsable del Servicio de Movilidad y Transportes, José Antonio López.

En este caso, el PSOE puede proceder a la impugnación en el Contencioso Administrativo de la aprobación definitiva, «por cuanto que es un acto resolutorio y no es un acto de trámite». Para que se pudiese paralizar la implantación se tendría que solicitar «una medida cautelar, es decir, la suspensión de la implantación de la zona de bajas emisiones.

Para ello debería depositar una caución del 10% del coste del proyecto, una cantidad que en cualquier caso es elevada. Alegaciones De las 41 alegaciones presentada; «solo se ha estimado una» la planteada por la Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos, «entendiendo que desde el punto de vista tanto técnico como jurídico estaba debidamente fundamentada».

Consiste en el permiso de entrada de grúas de remolque en caso de avería de vehículos, ha informado. El resto, planteadas por Ecologistas en Acción, por el PSOE, Izquierda Unida y por la Asociación de Vecinos del Casco Histórico Alto y determinadas personas residentes en ese barrio, han sido desestimadas porque se basaban en meras «estimaciones que no tienen ni carácter técnico ni carácter jurídico», ha subrayado López.

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