Confían en volver a licitar las obras del cívico de Fuentecillas antes de las elecciones de mayo

A finales de diciembre, la Junta de Gobierno Local desestimó las alegaciones que había presentado la UTE adjudicataria de los trabajos, Construcciones y Obras Llorente y Construcciones GEDESBUR. Las empresas han alegado un retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, algo que niegan desde el equipo de Gobierno, achacando todo el retraso a las empresas.

La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, explica la UTE no presentó la documentación en plazo, pese a los numerosos requerimientos municipales. Además, se mantuvieron varios encuentros para garantizarles que había opción de revisión de precios, siempre cumpliendo la ley, para actualizar el contrato a las eventualidades derivadas de la inflación y la guerra en Ucrania.

«Se dio un margen a la empresa», insiste Rodríguez, para que valorase si acometía o no la obra, pero «ese margen se pretende utilizar para justificar un retraso en el expediente» que no ha existido. Finalmente, cuando se le exigió la firma del acta de comprobación de replanteo, para el inicio de las obras, se negaron. Y, a partir de ahí, se inició el expediente para rescindir el contrato.

Una vez rechazadas las alegaciones, el Ayuntamiento ha remitido dicho expediente al Consejo Consultivo. La edil recuerda que su resolución no es vinculante, pero que se tendrá en cuenta, así que hasta que no llegue no se puede avanzar. Pero una vez se cuente con la misma, se procederá a rescindir el contrato por «incumplimiento culpable» de la empresa, insiste Sonia Rodríguez.

El equipo de Gobierno lo tiene muy claro. Se firmó un contrato, que había que cumplir, pero la empresa no lo ha hecho. De ahí que tampoco se descarte pedir daños y perjuicios, si bien «tiene que haber una relación clara entre el hecho y el daño sufrido», y que se pueda cuantificar. De momento, se le ha incautado la fianza de 205.000 euros, el 5% del presupuesto de la obra.

La última consecuencia que podría tener este expediente de rescisión es la más grave, que consistirá en imponer la prohibición de que volviera a contratar con el Ayuntamiento. Pero, al margen de si se aplica esta medida o no, lo importante es que llegue la resolución del Consultivo y el Ayuntamiento pueda rescindir el contrato, pues con ello se pone fin a la vía administrativa.

Hasta ese momento el Ayuntamiento no puede volver a licitar las obras, ya que el contrato sigue en vigor. De ahí que, para estar preparados, lo que se ha hecho es encargar a los redactores del proyecto una revisión del mismo, para adaptarlo a los cambios de precios y/o materiales que sean necesarios tras este año convulso. Así, se puede reservar una nueva partida presupuestaria.

Dada la complejidad del procedimiento, Sonia Rodríguez confía en poder dejar al menos licitadas las obras antes del fin del mandato. No dará tiempo a adjudicarlas, pero sí a lanzar el concurso. A partir de ahí, y suponiendo que la convocatoria electoral llevará aparejada una paralización de la administración, las obras podrían arrancar a finales de 2023 o principios de 2024.

Sonia Rodríguez insiste en que el cívico de Fuentecillas es una obra «muy necesaria» para el barrio, que solo cuenta con un CEAS, el de San Pedro de la Fuente, y muy poco espacio pese a ser un barrio en expansión. El proyecto tenía un presupuesto de 4,5 millones, que ahora se revisará, y un plazo de ejecución de dos años (a los que se debe sumar el imprevisto actual).