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Lejos de remitir, la polémica continúa. Y tiene pinta de que irá para largo. Eso sí, de momento, no habrá comisión de investigación. El bipartito ha bloqueado hoy la organización de una comisión especial de investigación solicitada por el PSOE en el Ayuntamiento de Burgos para poner «luz y taquígrafos» al conflicto suscitado por el contrato de gestión del cobro de las tarjetas de autobús urbano. Un conflicto que, hasta el momento, ha dejado una deuda de más de 850.000 euros por parte de la empresa Prepay, que días atrás presentaba un concurso voluntario de acreedores y dejaba en el aire el pago de parte de la recaudación de los últimos meses.
En ese escenario, y tras no quedar satisfechos con las explicaciones dadas por parte del equipo de Gobierno, los socialistas han elevado hoy una proposición al Pleno municipal que contenía dos puntos muy concretos: el cese de José Antonio López como máximo responsable del servicio de Movilidad y la celebración de una comisión de investigación. Y ni lo uno, ni lo otro. Los votos del PP y de Vox han permitido bloquear dicha propuesta alegando que, lo que busca el PSOE no es sino una «caza de brujas».
Así lo han subrayado los portavoces del bipartito, incluido el propio López, que ha defendido su diligencia al frente del área de Movilidad en este asunto concreto, asegurando que en el momento en el que tuvo información sobre retrasos en los pagos de la recaudación por parte de Prepay comenzó a trabajar en el tema.
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Además, ha subrayado López, parte de la responsabilidad de todo lo acontecido descansa sobre los hombros del anterior equipo de Gobierno, formado por PSOE y Cs, ya que durante su mandato también se registraron numerosos retrasos y deudas por parte de la empresa.
Deudas que, según el concejal socialista Josué Temiño, están subsanadas desde hace meses, ya que se vinculaban con el anterior contrato. El nuevo, ha recordado el edil, lo firmó ya el actual bipartito, y toda la deuda que se acumula ahora es «su responsabilidad», ha subrayado.
En todo caso, y más allá del cruce de acusaciones entre una bancada y otra, lo cierto es que no habrá comisión de investigación alguna. Y no la habrá, según el equipo de Gobierno, porque ya se están tomando las medidas necesarias para intentar arreglar el desaguisado.
A este respecto, la portavoz 'popular', Andrea Ballesteros, ha asegurado que ya se han abierto cinco frentes de actuación. Por un lado, se han tomado acciones para mantener «la normalidad en el servicio» y ya se ha contactado con la administradora concursal para hacerle saber la situación. A mayores, se está preparando un «contrato de emergencia» con otra empresa para garantizar a medio plazo la prestación del servicio y se están preparando posibles acciones legales en el ámbito penal. Y todo ello acompañado de la apertura de «una investigación interna» que determine qué ha pasado para que no saltasen las alarmas hasta ahora.
Mientras tanto, eso sí, Prepay continúa adeudando más de 850.000 euros al Ayuntamiento por la recaudación de varios meses y todo apunta a que el cobro de esas cantidades, si es que se recuperan, irá para largo.
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