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Se avecinan cambios y habrá que acostumbrarse. Tras más de dos años de trabajo, el Ayuntamiento ya tiene encauzada la nueva ordenanza de Movilidad, un texto que, según ha recordado hoy la concejala Gema Conde, aúna hasta ocho ordenanzas que se encontraban obsoletas o permanecían ... sin aplicación efectiva. Ahora, tras completar la redacción del borrador, en el que se han incorporado aportaciones de los grupos municipales (sobre todo el PSOE) y de diferentes colectivos sociales, la intención es elevarlo a la Junta de Gobierno Local de la semana que viene y, a partir de ahí, proceder a su aprobación provisional en el Pleno de septiembre.
Será entonces cuando culmine un proceso largo, complejo y ambicioso que, al margen de muchos otros aspectos, ha estado protagonizado por el intento por ordenar la coexistencia entre bicicletas, peatones, vehículos a motor y los nuevos medios de transporte personal que se están implantando gradualmente en la ciudad. Y no ha sido fácil.
Así, la última revisión del borrador incluye numerosas novedades enmarcadas en este ámbito concreto. Quizá, una de las más trascendentes será la regulación específica del tránsito de bicicletas, que deberán circular preferentemente por la calzada y el carril bici. Más allá de eso, la ordenanza incluye la posibilidad de crear ciclocarriles y ciclocalles y establecer zonas peatonales compartidas.
Eso sí, en estas últimas zonas, aún por definir, la circulación de bicicletas deberán cumplir una serie de requisitos. A saber, no podrán superar una velocidad de diez kilómetros por hora y deberán guardar una distancia mínima de 1,8 metros con los peatones y las fachadas. Además, queda «terminantemente prohibido circular en zig zag». De esta forma, si la bicicleta no puede circular más de 5 metros en línea recta por el espacio central de la zona peatonal compartida, el ciclista deberá bajarse del vehículo. Los únicos que tendrán cierta manga ancha en este sentido serán los menores de 11 años, que podrán circular por las zonas peatonales, pero siempre acompañados de un adulto a pie.
También estará prohibida la circulación en bicicleta con auriculares y con animales de compañía atados con correa y «se podrá suspender temporalmente el tránsito de bicicletas» por decreto de Alcaldía en función de las necesidades, siguiendo así el ejemplo de lo acontecido en El Espolón durante las fiestas de San Pedro y San Pablo.
Por su parte, el registro de bicicletas del que se habló en su día será obligatorio exclusivamente para «actividades mercantiles», siendo voluntario y gratuito para el resto de ciclistas, que podrán subir sus bicicletas a los autobuses urbanos siempre que éstos cuenten con los anclajes necesarios. Asimismo, también se contempla la posibilidad de crear «zonas de espera avanzada» en los semáforos de la ciudad.
A mayores, el borrador de la ordenanza también aborda detalladamente la regulación de los vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, segways, etc) que actualmente están proliferando en la ciudad. A este respecto, el texto divide dichos vehículos en tres categorías diferentes en función de sus características y la velocidad que desarrollan. Así, los de tipo C (ciclos de más de dos ruedas que alcancen como máximo 45 km/h y los 300 kilos de peso) sólo podrán circular por la calzada, mientras que los de tipo A y tipo B, tendrán restricciones específicas.
La ordenanza también actualiza la regulación de otros ámbitos, como la gestión de los vados, la Zona Azul, el servicio de préstamo de bicicletas Bicibur las zonas de carga y descarga o el control de los accesos al centro histórico. Un control de accesos que podría verse modificado en los próximos años. Y es que, el Ayuntamiento está valorando la posibilidad de regular los accesos mediante cámaras de videovigilancia en vez de tarjetas de acceso y bolardos. Se trata de un sistema ya implantado en otras ciudades con grandes centros históricos mediante el que se controlan los vehículos que entran y, si no tienen permiso para ello, se aplican sanciones.
A este respecto, la ordenanza también incluye un capítulo entero a las sanciones, basadas en todo caso en la normativa estatal sobre seguridad vial y categorizadas en leves, graves y muy graves.
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