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La empresa adjudicataria del servicio 010 de información municipal de Burgos lleva sin cobrar desde octubre de 2022. En este tiempo, la cantidad que se le adeudaría a dicha compañía, que cuenta con nueve trabajadoras, ascendería a unos 130.000 euros, según asegura la concejala de Participación Ciudadana, Carolina Álvarez.
Hasta la fecha, el 010 seguiría funcionando según un contrato firmado por el exalcalde Javier Lacalle en 2018 que finalizaba en septiembre de 2021. Desde entonces, Ayuntamiento y empresa habrían mantenido un «acuerdo de continuidad», pero la compañía no estaría cobrando desde octubre del año pasado; es decir, desde hace un año.
El hecho de que no se haya firmado un nuevo contrato y se siga prorrogando el anterior hace que el empresario no tenga derecho a la subida de tasas en función del IPC, ha explicado la edil. Esta habría sido pedida por el adjudicatario, pero el servicio jurídico municipal la habría rechazado por no tener actualizado el contrato.
Álvarez ha detallado que el empresario «está contento, en términos generales», con el acuerdo con el Ayuntamiento. Él entiende la tardanza en los pagos, pero considera que ya es un tiempo excesivo y que ha tenido que solicitar una línea de financiación para sufragar los gastos, como la subida del 2% en los salarios de sus nueve trabajadoras, según la reciente actualización de su convenio.
Álvarez considera que este problema de impagos es «importante», ya que la cantidad que se adeuda al empresario ronda los 130.000 euros. La edil asegura que el equipo de Gobierno ya trabaja en los nuevos pliegos de licitación para el servicio de atención ciudadana 010 y comenta que se está añadiendo alguna exigencia más, así como «detalles que mejoren el servicio».
La concejala también ha afirmado que se incluirán en el pliego los correspondientes incrementos del IPC y el IVA. Álvarez ha asegurado que este último no estaba incluido en el anterior contrato, cifrado en 486.000 euros, y que no salió adelante en septiembre de 2021 por este mismo motivo.
Asimismo, Álvarez ha declarado que las trabajadoras también piden un aumento salarial de 200 euros por una supuesta promesa del exalcalde Daniel de la Rosa a estas empleadas. El socialista se lo habría prometido sin la presencia del empleador, en una «indebida injerencia», en palabras de la concejala, en reuniones en mayo de 2021, diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Ante los hechos relatados, Álvarez ha expresado que el equipo de Gobierno no ha hecho «ninguna promesa» y que «no cabe» prometer algo así. Por tanto, la edil espera que las nueve trabajadoras «no se desmotiven», porque el Ayuntamiento solo va a contemplar la subida del IPC en el pliego.
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