El Ayuntamiento garantiza la recaudación de los autobuses desde el 18 de septiembre

El conflicto entre el Ayuntamiento de Burgos y Prepay, empresa encargada de la gestión de las tarjetas del autobús urbano de la ciudad, continúa abierto. Y así seguirá durante mucho tiempo. Eso sí, según ha confirmado hoy la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, el Consistorio ha conseguido garantizar el cobro, al menos, de toda la recaudación obtenida desde el pasado 18 de septiembre, día en el que la empresa presentó el concurso voluntario de acreedores.

Según ha asegurado Ballesteros, los responsables municipales mantienen contacto directo con la administradora concursal y, fruto de esas conversaciones, se ha garantizado «sin ningún lugar a dudas» el cobro de todo lo recaudado a partir de ese día. Por el momento, la cuenta asciende a algo más de 192.000 euros, que ya tienen orden de pago, como así lo tendrá, ha asegurado Ballesteros, toda la recaudación que se obtenga hasta que se encuentre alternativa para la prestación del servicio.

¿Y cuándo será eso? Ballesteros no se ha atrevido a dar una fecha concreta. Y es que, ni siquiera está decidida la fórmula más adecuada para encontrar reemplazo a Prepay. «El asunto está en manos de la Asesoría Jurídica» del Ayuntamiento, que está barajando varias opciones, incluido un nuevo contrato de emergencia, acompañado en todo caso de la puesta en servicio de una pasarela de pagos propia en la web municipal para «no depender tanto de una empresa» en este ámbito.

Mientras tanto, en todo caso, el conflicto está muy lejos de solventarse. Los concursos de acreedores son siempre complejos, y en este caso, además, se alimenta con otras variables. Así, por ejemplo, Ballesteros ha confirmado que el pasado martes se presentó la denuncia penal por sendos delitos contra la hacienda pública y apropiación indebida contra la empresa.

Ese proceso judicial, sea cual sea el resultado, se desarrollará en paralelo al propio concurso de acreedores, en el que no sólo está involucrado el Ayuntamiento de Burgos, sino multitud de clientes, trabajadores y proveedores de Prepay. Habrá que ver quién, cuándo y cuánto cobra cada uno de los involucrados.

Serán esos dos procesos los que determinen si finalmente el Ayuntamiento puede recuperar, total o parcialmente, los más de 853.000 euros que adeudaba la empresa en el momento de la presentación del concurso de acreedores.

Asimismo, el equipo de Gobierno ya ha dado la orden para investigar todo lo acontecido en los últimos meses -y años- en torno al contrato con Prepay. Eso sí, tal y como ha recordado hoy Ballesteros, se trata de una investigación «interna» que deberá culminar como muy tarde a finales del mes de noviembre y alejada del «circo mediático» y la «caza de brujas» que a su juicio ha planteado el PSOE alrededor de este asunto.

De hecho, durante la sesión plenaria municipal del pasado viernes, el bipartito bloqueó la celebración de una comisión especial de investigación en torno a este asunto. Una comisión que ahora el PSOE plantea llevar a cabo en el seno del área de Movilidad. En este caso, los socialistas sí que tienen capacidad para forzar la celebración de esa comisión, aunque, según ha subrayado Ballesteros, el bipartito tiene un plazo de dos meses para ello desde su solicitud formal, no los diez días que pretenden «imponer» desde la bancada socialista.

En este sentido, la portavoz del equipo de Gobierno ha subrayado que «no hay nada que ocultar» y que en ningún caso se niegan a celebrar dicha comisión y que los técnicos den la información oportuna, pero sin caer en el «fango» que a su juicio pretende el PSOE.

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