El PP amenaza con llevar a los tribunales la implantación de zonas de bajas emisiones en Burgos

En este sentido, Blasco, que en las últimas semanas ya ha evidenciado en numerosas ocasiones su desacuerdo con la fórmula que está utilizando el equipo de Gobierno para cumplir con la obligación de implantar las ZBE, ha avanzado la disposición de su grupo para «acudir al Contencioso Administrativo si es preciso».

Y es que, según la portavoz de los 'populares', el proyecto de implantación, cuyo Plan de Seguridad y Salud ha sido aprobado hoy mismo, contiene «múltiples irregularidades». La última, ha subrayado Blasco, es que el proyecto carece de un estudio previo de seguridad y salud, preceptivo en este tipo de tramitaciones.

Así, la portavoz del PP ha anunciado la presentación de un recurso extraordinario de revisión del proyecto y, de forma paralela, informar a Inspección de Trabajo y el Gobierno central de las «ilegalidades» que se pretenden acometer con los fondos europeos adheridos al mismo. Llegado el caso, ha asegurado, los 'populares' están dispuestos a abrir la vía judicial. «Llegaremos al final del asunto, acudiendo al Contencioso Administrativo si es preciso», ha subrayado.

No en vano, ha recordado, el proyecto, presupuestado en más de 3,6 millones de euros, está financiado a través de fondos europeos.

En todo caso, el equipo de Gobierno sigue cumpliendo trámites para la implantación de las ZBE. De hecho, el coportavoz del Ejecutivo local, Vicente Marañón, ha insistido minutos después de la comparecencia de Blasco en que todavía quedan muchos pasos administrativos que dar, incluida la modificación de la ordenanza de Movilidad para recoger el marco regulatorio.

A este respecto, desde el equipo de Gobierno insisten en que «todos los recursos» que se presenten durante la fase administrativa «serán analizados» para comprobar si es preceptivo estimarlos o desestimarlos.

Eso sí, también insisten en que la puesta en marcha de las ZBE es una «obligación legal» para las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2023 a la que el Ayuntamiento ha de dar respuesta efectiva. Así, a juicio de los miembros del equipo de Gobierno, la estrategia del PP se basa en «hacer oposición a los técnicos municipales en vez de oposición política.

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