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El Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Samyt) ha aprobado este martes la modificación de la Ordenanza de Movilidad, que entró en vigor en enero de 2020. Se trata de una revisión del texto original, en la que se han subsanado errores, se han ... mejorado redacciones para mayor comprensión del articulado y, lo más importante, se han incluido reajustes para mejorar la movilidad por la ciudad.
Así, como se anunciara en diciembre, varias vías recuperarán los 50 km/h como velocidad máxima de circulación. Se trata de los accesos a Villatoro y Cortes, que al ser carriles de un único sentido o un único carril de circulación habían rebajado a 30 km/h el límite de velocidad. También se va a incluir como excepción la Avenida de Palencia, en el tramo frente al centro educativo Campolara.
Este último es el único tramo a 30 km/h entre el Puente de San Pablo y el Puente de San Amaro, pues la Avenida de Palencia se queda en un carril pasando el Puente de Castilla. Además, es un tramo con poco paso de peatones y sin riesgo alguno, de ahí que se haya optado por incluirlo entre las excepciones, que irán como decreto de Alcaldía anexado a la Ordenanza de Movilidad.
La modificación incluye también la incorporación de las calles San Juan, Almirante Bonifaz y el pasaje de Per Abbat como áreas de tráfico restringido (ATR), si bien se cambia la denominación de las mismas. Ahora se llamarán directamente calles peatonales, pues, explica el concejal de Movilidad, Leví Moreno, el otro término llevaba a confusión. Eso sí, lo que no cambia son las restricciones de tráfico que les afectan.
Moreno ha apuntado que, además, con la modificación se ha aprovechado para equiparar los vehículos de movilidad personal (VMP) a las bicicletas y que se les permitirá subir a los autobuses con el patinete plegado, algo que hasta ahora está prohibido. La modificación de la Ordenanza de Movilidad todavía tardará algún tiempo en estar en vigor pues, tras aprobarse en el Samyt deberá pasar por la Junta de Gobierno Local, el Pleno y un periodo de exposición pública para recibir alegaciones antes de su aprobación definitiva.
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