La denuncia a una residencia de ancianos por ruidos y una reclamación por una multa de los polémicos semáforos 'foto-rojo' han sido las dos últimas resoluciones emitidas por el Procurador del Común que implican directamente al Ayuntamiento de Burgos. En la primera, se le ... pide que realice una nueva medición de ruidos. En la segunda, que revoque la multa y los propios semáforos.
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Tras la comunicación de la resolución, el Ayuntamiento de Burgos dispone de un plazo para atenderla, si considera que procede, y dar la respuesta oportuna. En caso contrario, se arriesga a entrar en lista 'negra' del Procurador del Común. Es decir, ser señalada como una de las entidades no colaboradoras, bien por no contestar a una resolución, bien por no aportar la información solicitada.
Y no es algo que le sea ajeno al Consistorio, pues ha sido incluido en varias ocasiones en esa lista. En concreto, solo en lo que llevamos de 2022 se le ha incluido en siete ocasiones, según la información que aporta el Procurador del Común en su página web. En cuatro de ellas, por no haber cumplido con la obligación de informar. En las tres restantes, por no contestar a la resolución.
La última ocasión en la que se le incluyó en la lista ha sido por la queja presentada por Podemos por incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. La formación morada reclama que se retiren los nombres de las calles Martín Cobos, Fernando Dancausa y José María Codón, pese a que el alcalde, Daniel de la Rosa, insiste en que la ciudad cumple «escrupulosamente» con la Ley.
El Procurador solicitó información en marzo, hizo un primer apercibimiento en junio y un segundo el pasado 13 de octubre, sin que se haya dado respuesta a la solicitud, como recordaba la portavoz de Podemos, Marga Arroyo, en el pleno ordinario de octubre. Así que ese mismo día el Ayuntamiento quedó incluido en la lista y con un apercibimiento de «posible responsabilidad penal».
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En la misma situación está por una queja presentada por acceso a los autobuses urbanos por parte de personas con discaspacidad, la necesidad de llevar acompañante y el coste del billete para el mismo. Se solicitó información en julio, se hicieron dos apercibimientos y el 27 de septiembre quedó incluido en la lista y con el apercibimiento de posible responsabilidad penal.
Los otros dos casos corresponden a una queja por una bolsa de empleo para la provisión temporal de plazas de Técnico de Administración General y por otra por ruidos de la estación de autobuses. Como en las anteriores, pese a haberse solicitado en varias ocasiones la información, y haber varios avisos, el Consistorio no ha cumplido con el Procurador del Común.
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Además de estos cuatro casos, el Ayuntamiento ha acabado en la lista del entidades no colaboradoras con el Procurador del Común en otras tres ocasiones este año, cuando no ha respondido a otras tantas resoluciones. En algunos de los casos han sido sobre temas impulsados por la propia entidad regional, con reclamaciones a todos los municipios, que no siempre son tenidas en cuenta.
La dinámica se ha repetido en años anteriores, como demuestra el informe anual de 2021 que se presentó a principios de año. Del mismo se desprende que el Ayuntamiento de Burgos tenía en 2021 cuatro registros abiertos por incumplir con su obligación de informar. Y otras dos por ignorar las resoluciones y recomendaciones del Procurador.
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Cierto es que no son de obligado cumplimiento, pero las administraciones están obligadas a dar respuesta a las resoluciones, indicando si están de acuerdo y las acatan o no. Y en algunos casos se hace oídos sordos al ente regional. Lo que sí es obligatorio es aportar la información que se les solicita y, si tras varios intentos persisten, se les recuerda que pueden incurrir en responsabilidad penal.
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