El 84% de los abortos realizados en Burgos se financiaron públicamente

El 84% de las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaron a cabo en Burgos el pasado año se hicieron en hospitales públicos o clínicas financiadas por el Sacyl. Así lo desgrana el informe de la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León en 2023 publicado recientemente por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

De esta forma, Burgos destaca por encima del resto de las provincias, en las que las interrupciones financiadas o realizadas en la sanidad pública se sitúan alrededor del 50%, a excepción de Soria, donde alcanzan el 80%. En Castilla y León el 58,14% de las interrupciones se han llevado a cabo con financiación pública, mientras que las que se han hecho de manera privada ascienden hasta el 41,86%.

«En otras comunidades la implicación de la sanidad pública es bastante mayor que en Castilla y León, por cómo está organizado el sistema, porque realmente está financiado en todas las comunidades autónomas. Cualquier mujer que solicite una interrupción de embarazo entra dentro de las prestaciones del sistema nacional de salud y tiene derecho a su financiación», explica Abel Renuncio, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

En cuanto al principal método de intervención usado para la interrupción, en su gran mayoría se tratan de abortos farmacológicos «al ser en las primeras semanas de embarazo». En cuanto al tipo de centro donde se han realizado estas interrupciones en Burgos, 288 abortos se han llevado a cabo en un centro hospitalario (275 en uno público y 13 en uno privado), mientras que otros 152 se han realizados en un entorno extrahospitalario, es decir, en una clínica privada (con concierto o no) o en otro tipo de centros, «como centros de planificación que están recogidos como centros no hospitalarios que realizan interrupciones de embarazo», indica Renuncio.

Pero hay que diferenciar que financiado no quiere decir lo mismo que hecho en un hospital público: «Financiado implica que el servicio sanitario (Sacyl en este caso) es quien luego va a pagar el coste de esa intervención o tratamiento, se realice dentro de un hospital o centro público o en un centro privado concertado para hacer ese tratamiento. En Castilla y León, en la mayoría de las provincias, las interrupciones del embarazo se hacen en clínicas concertadas».

En el caso de Burgos, la diferencia radica en que el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) sí realiza este tipo de intervenciones y tratamientos. «Al hacerse dentro de la sanidad pública, y no tener que desplazarte, facilita que lo puedas hacer de manera financiada en tu ciudad. Si vives en otra provincia que lo puedes hacer de forma financiada, pero supone que tienes que desplazarte a otra provincia para llevar a cabo la interrupción del embarazo, pues hay un porcentaje de mujeres que por los motivos que sea no puede hacer ese desplazamiento. Así que si tiene la opción de hacerlo en otro centro de su ciudad o su provincia, aunque sea de manera privada, son mujeres que salen de la vía de la financiación pública para hacerlo por la vía privada», analiza Renuncio.

«El porcentaje pequeño que queda en Burgos fuera de la financiación es porque siempre hay alguna mujer que prefiere hacerlo de modo privado y que, además, hasta hace muy poco, en Aranda de Duero no se hacían interrupciones. Esa pequeña diferencia es las que se derivaban desde Aranda a una clínica privada», explica el portavoz de la SEC.

En la estadística de interrupciones voluntarias del embarazo entran tanto aquellos que son decisión exclusiva de la mujer como los que se realizan porque el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la madre o el riesgo de graves anomalías en el feto o anomalías fetales incompatibles con la vida.

«La causa o la motivación es, mayoritariamente, por el deseo de esa mujer de no continuar con el embarazo, pero también existen los motivos médicos, aunque es algo muy minoritario», describe Abel.

En el caso de Burgos, el 98,18% de las interrupciones son a petición de la mujer (410 de 440); el 1,59% se lleva a cabo por ser el embarazo un grave riesgo para la vida o salud de la madre, mientras que el 4,77% se deben al riesgo existente de graves anomalías en el feto. Tan solo un 0,45% de las interrupciones se deben a anomalías fetales incompatibles con la vida.

«Todos estos abortos aparecen como interrupciones voluntarias. A nivel social se habla mucho más de las interrupciones que no tienen otra causa que el deseo de la mujer, que es una motivación perfectamente recogida por la legislación dentro de esas 14 semanas, pero muchas veces se invisibiliza otro tipo de interrupciones más minoritarias que llevan detrás situaciones mucho más dramáticas, que implican un riesgo para las propia embarazada o un problema fetal importante que va a condicionar la vida de ese feto en caso de continúe ese embarazo. Son casos minoritarios que quedan invisibilizados porque parece que interesa más poner el foco en cierto tipo de interrupciones que en otras por avivar una polémica por otros intereses», lamenta Abel Renuncio.

La mayoría de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en las ocho primeras semanas de gestación. El 74,5% de abortos se hacen con ocho semanas o menos de embarazo. Entre las nueve y catorce semanas el número cae hasta los 88, lo que supone el 20% de las interrupciones. Entre las 15 y 22 semanas es el 5,2% mientras que de 23 o más semanas tan solo se registró una interrupción (0,22%).

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