La nueva Ley de Propiedad Intelectual facilitará el cierre de webs piratas

Según el nuevo texto, «la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa». Pero esto sólo le ocurrirá, insistieron los partidos que llegaron a este acuerdo, a páginas webs piratas que ya hayan estado implicadas en un caso anterior de vulneración de derechos de autor o que hayan sido advertidas por un juez con anterioridad.

De esta forma, la decisión de cerrar una página web que ya haya sido sancionada corresponderá a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano compuesto por nueve funcionarios que no están vinculados ni a la judicatura ni a los partidos.

En este punto del cierre de webs, la única voz discordante ha sido la de Podemos. Su portavoz en la Comisión, Eduardo Maura, cree que la reforma puede caer en la «presunción de culpabilidad».

El espíritu de la nueva ley es la lucha contra la piratería, en sus diferentes ramas. Ahora deberá ser el Senado el que examine la reforma, que muy probablemente saldrá adelante en este cámara, en la que el Partido Popular, además, tiene mayoría absoluta.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también aumenta el control sobre las entidades de gestión de contenidos. Con la reforma del punto I del Artículo 159, el Congreso ha puesto un tope del 20% a lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario nocturno y de mínima audiencia respecto a lo conseguido «en un uso intensivo o cuantitativo máximo de las obras», lo que hasta ahora se denominaba 'la rueda de las televisiones', que derivó en un fraude que puede alcanzar los 100 millones de euros, según los investigadores.

Para reforzar la legalidad dentro de las entidades de gestión, las que superen los 100 millones de euros de recaudación anual (algo que que en España sólo ocurre con la SGAE) deberán «nombrar como miembros del órgano de control interno a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano».

La SGAE, principal destinataria de las medidas aprobadas este martes por el Congreso, aceptó de buen grado la nueva legislación. «Sin perjuicio de llevar a cabo un análisis más detallado, en líneas generales valoramos de manera positiva el hecho de que se clarifique la situación. Esto nos ayudará a desarrollar nuestra labor como entidad de gestión», aseguró en un comunicado la sociedad general de autores, que estrenó hace pocos días a su nuevo presidente, el músico José Ángel Hevia.

En el lado contrario, la asociación de consumidores Facua rechaza que la reforma facilite el cierre de las webs porque «será un solo órgano (la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) el que decida qué es una infracción, cuándo es reiterativa y cuándo es una reanudación». A juicio de esta organización, las decisiones «podrían ser unilaterales y arbitrarias», lo que «les permitirá saltarse el control judicial».