Los veterinarios de Eulen irán a la huelga ante su inminente despido

Un total de 122 veterinarios y auxiliares que, en la actualidad realizan las labores de saneamiento ganadero a través de Eulen, irán a la huelga los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre tras haberles anunciado la empresa que no continuarán con su trabajo a partir del 1 de diciembre.

La cuestión es que en la citada fecha será la empresa Tragsa la encargada de realizar esta tarea tras la adjudicación por parte de la Junta. Según fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural lo que se ha hecho desde la Administración Regional es «analizar las necesidades del sector y escuchar a todos los agentes implicados en el saneamiento ganadero (los propios ganaderos, los veterinarios, los servicios oficiales de la Junta en las unidades veterinarias) y, después de realizar este ejercicio de análisis y escucha, se ha optado por encargar a un medio propio de la administración el programa anual de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de Castilla y León».

Raúl Luis Manchado, presidente del comité de empresa de Eulen Valladolid y representante de UGT-FESMC, insiste en que la situación que se ha generado a los 122 veterinarios finiquitados es de «incertidumbre y conflictividad», al tiempo que justifica que «el ERE que abre Eulen es porque no hay una subrogación en el convenio, algo que hemos visto en muchos escenarios».

El representante sindical insiste en que la Consejería «no nos dice nada ni quiere pronunciarse, ya hemos tenido un Serla y no ha venido, Tragsa sí que lo hizo y dicen que son un servicio público que tienen su propia bolsa de empleo».

«Todos estos profesionales tienen una larga experiencia, muchas familias se van a la calle y luego les cogerán a la carta después de 13 años trabajando; esto ha pasado otras veces y sí ha habido sucesión, no puede ser que llegue Tragsa y se olvide de todos ellos», declara.

La mayoría de los veterinarios afectados se concentran en Salamanca, alrededor de 60, mientras que otros 20 trabajan en Ávila y el resto se reparten por las otras provincias.

El contrato

Según UGT, la Junta de Castilla y León va a destinar 6,4 millones al Programa para la vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades en la cabaña Ganadera de Castilla y León durante un año, «invirtiendo 2 millones anuales más frente a los 4,4 millones anuales anteriores que abonaba a la empresa contratista a la que ahora, por una decisión unilateral de la administración, no se la renueva ni se la permite optar a la nueva licitación».

El sindicato considera que se va a producir una «continuidad de la actividad» y por eso «deberían haberse subrogado los contratos».

De igual modo, denuncian que «hay, ahora mismo, personas trabajadoras negociando por un lado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y, en paralelo, se está llevando a cabo un proceso de selección para realizar una actividad que ya venían realizando y que se tiene que seguir prestando».

Por eso, los sindicatos afirman que apoyan y secundan «todas las acciones que se inicien en adelante desde la plantilla y desde sus representantes sindicales» porque entienden que, «desde la unidad de acción y con la plantilla unida se puede revertir una situación injusta, que no presenta a priori ninguna justificación laboral y que solo nace de una injusta decisión de una Administración que este caso concreto nos muestra su cara más dura e inhumana».

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