UCCL considera que las inmdenizaciones por sacrificio obligatorio no se adaptan a la realidad

El sistema de indemnización fijado en el Real Decreto 389/2011, establece la aplicación de baremos según la situación sanitaria y características de la explotación. Así, si se procede al sacrificio obligatorio por parte de los animales de la explotación, se compensa al ganadero con el 85% del valor establecido para la especie y grupo de edad del que se trate. En caso de vacío sanitario, se indemniza con el 100% del valor.

Finalmente se puede incrementar este valor con un complemento en caso de decomiso total, o bien en caso de pertenecer a una Asociación de Defensa Sanitaria Ganadera, que el animal sea raza autóctona o producir en ecológico.

Esto, sin embargo, no tiene en cuenta las variables propias del mercado que hacen que, dependiendo del momento, pueda cambiar el valor de los animales.

«Además de la pérdida en el ritmo productivo de la explotación, y de enfrentarse a restricciones y pérdidas de valor del producto a causa de la aparición de la enfermedad en la explotación, incremento de costes, prohibición de acceso a pastos, ganadero debe aportar de su propio capital grandes volúmenes de recursos para reponer el rebaño sacrificado debido a que las indemnizaciones son insuficientes», explican desde la organización.

La Unión de Campesinos de Castilla y León considera que, si bien los datos obtenidos alcanzan hasta 2020, muy posiblemente los resultados empeoren en 2021 y 2022 debido al incremento de los costes de producción, por lo que los ganaderos se estarían enfrentando a un mayor esfuerzo económico para reponer su rebaño en la actualidad.

Ante esta situación, Unión de Uniones ha hecho llegar un informe de la situación al Ministerio, al que le reclama un cambio en el sistema de baremos que se adapte a las variaciones del mercado para vida y que compense suficientemente la pérdida de producción y el lucro cesante todos los perjuicios derivados de la aparición de la enfermedad en granja y los productores no tengan, además que aportar cifras elevadas de su propio capital.

En la misma línea reclama que, en su papel de coordinación de las políticas en este ámbito de las Comunidades Autónomas, se avance para que todas contemplen ayudas complementarias y se mejore las existentes, de forma que se cree una situación de apoyo homogénea en todo el territorio estatal.