El sector forestal propone ocho medidas de futuro para los montes privados

Los especialistas y propietarios forestales consideran que esta batería de medidas es esencial para revertir el grave riesgo que existe de degradación e incendios forestales cada vez más agresivos en los montes españoles de titularidad privada, los cuales en una alta proporción se encuentran abandonados por el minifundismo, el éxodo rural y cada vez más acuciados por la sequía y el cambio climático.

Cabe recordar que el 67% de la superficie forestal española es propiedad privada y que sus propietarios son responsables de gestionar más de 19 millones de hectáreas. En el caso de Castilla y León, el 45% de la superficie forestal está en manos de 720.000 propietarios que de media tienen 6,7 hectáreas.

Dificultades en la gestión

Las dificultades que se encuentran para la gestión no son pocas, y en esa carta hablarn del «bajo valor catastral y de mercado de las tierras rústicas y la situación de despoblación rura», además de la difícil aplicación de los reglamentos europeos a la diversidad forestal y a la compatibilización de usos.

La falta de integración de las políticas agrícolas, ganaderas, forestales y las políticas territoriales y ambientales es otro de los problemas que se encuentran esos propietarios que también demandan un registro actualizado e integrado de todas las explotaciones agrarias con tierras agrícolas, ganaderas y forestales.

Consideran que no existe un modelo adecuado para las agrupaciones forestales y aprecian la necesidad de reforzar el asociacionismo y el reconocimiento de los selvicultores y de sus organizaciones.

Por todo ello, demandan tanto a la Junta como al Gobierno, la puesta en marcha de una política de estructuras forestales, integrada en la de estructuras agrarias, orientada a diseñar el nuevo paisaje rural que se requiere, con discontinuidades y diversidad de usos, cubiertas y formaciones, que conduzca a: la reordenación de las explotaciones forestales; un tamaño de explotaciones razonable; la profesionalización y dinamización de la actividad forestal y completar el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León, incorporando las forestales.

Concluyen solicitando la puesta en marcha de una política de rentas forestales, que haga crecer la renta forestal, como parte de la renta agraria y un apoyo particular a la actividad ganadera extensiva.