Castilla y León

Estas son las reivindicaciones concretas de los agricultores y ganaderos

Normativas únicas para una Europa tan variada y diferente, el doble rasero que se aplica en función de si produce en el ámbito comunitario o en países terceros, entrada de productos sin aranceles o una carga burocrática que no deja de crecer, son el motivo de su hartazgo y de la inviabilidad de las explotaciones.

Con el terreno que tiene León es imposible hacer la rotación de cultivos que quiere Europa». Con esa frase resume Héctor Llorente una de las principales reivindicaciones de los agricultores de la provincia que tiene que ver con la obligatoriedad de rotar cultivos impuesto por la PAC.

A pesar de que afecta a cualquier cultivo, León es la provincia española con más superficie de maíz, más de 71.000 hectáreas la pasada campaña, por lo que su mayor problema se encuentra en este caso concreto: alrededor de 48.000 hectáreas de maíz llevan tres o más años con este cultivo, por lo que en 2024 deberían rotar. Aunque si se tienen menos de 10 hectáreas, el plazo se amplía un año más.

«No puedes forzar a esa rotación cada cuatro años, el terreno que tenemos en León es muy diferente de unas zonas a otras y por ejemplo, en Payuelos o en el Páramo se dan las alubias y el maíz, el resto no se dan, no tienes otra alternativa», indica Héctor.

En su opinión, «uno de los mayores fallos de la PAC es no contar con los países, es una normativa hecha para toda Europa por un técnico desde un despacho de Bruselas, y hay una Europa del norte y otra del sur, que se delimita en los Pirineos».

Otro problema que identifica este agricultor, perteneciente a una comunidad de regantes que ha sido reconocida por su buen trabajo en la gestión del agua, tiene que ver con el tratado comercial que se pretende firmar con Mercosur. En este caso, los agricultores europeos muestran su rotunda negativa a la flexibilización de aranceles en importaciones agrícolas por lo que de momento, la firma ha quedado paralizada. «Esto es la ruina para todo el sector de la Unión Europea, tienen que controlar lo que viene de fuera, no puedes forzar a los productores europeos a adaptarse a nuevas normativas que van desde la reducción de fitosanitarios un 50%, a los abonados químicos, pasando por las restricciones en regadíos o en la emisiones, cuando todo lo que viene de fuera no cumple la normativa europea. Unos son de Champions y otros somos de segunda», sostiene.

En la lista de reivindicaciones, de las que le afectan de manera especial a su provincia, también está la ley de bienestar animal que pretende, entre otras cuestiones, reducir la producción de pollos de 36 a 12 kilos por metro cuadrado, quitar las jaulas en cunicultura o para las gallinas ponedoras, además de reducir el número de animales en las explotaciones de vacuno de leche. «Luego quieren subir el consumo de leche, suponemos que con tratados a escondidas con otros países».

Héctor concluye señalando que «no pedimos nada fuera de lo normal, simplemente hacer la agricultura que hemos hecho hasta ahora, estamos suficientemente capacitados para el cuidado del medio ambiente y garantizar la trazabilidad de toda la explotación, mientras que los productos que vienen de fuera no llevan esa trazabilidad».

Subraya que «solo pedimos controles», y pone como ejemplo el hecho de que el agricultor español tenga que asumir los elevados costes y la bajada del precio del cereal «cuando el de Ucrania está entrando sin aranceles».

Dirige su mensaje también a la sociedad: «No somos los malos, solo estamos luchando por lo nuestro, que son cosas que la sociedad nos está exigiendo y que queremos cumplir, pero que cumpla lo que viene de fuera».

Cuando a este profesional se le pregunta por las reivindicaciones que le han llevado a sacar su tractor a las calles de Zamora en más de una ocasión durante los últimos días, te pide que cojas papel y bolígrafo para que vayas apuntando lo que costó sembrar una hectárea de cereal la pasada campaña y lo que percibió por su producción.

Felipe Luis Codesal, que cultiva 520 hectáreas de secano, comenta que los primeros 45 euros de gastos se imputan a la labor de pasar la grada por las pajas. A continuación suma otros 90 euros por voltear la vertedera, otros 90 por otros dos pases de grada y unos 50 euros por echar purín o abono. En todos los casos, la referencia es por hectárea.

A continuación llega el abono de fondo, 180 euros más, la siembra supone otros 35 euros por hectárea, 100 euros la semilla, 20 euros pasar el rodillo, 70 euros el herbicida y echarlo, otros 100 euros el abono de primavera y el tratamiento contra hongos, 40 euros más. La recolección, por último, sube los gastos otros 60 euros lo que supone, en total, 900 euros de gastos por hectárea, «sin incluir las horas nuestras».

Asegura que la pasada campaña, la de 2023, la media por hectárea de trigo fue de 2.400 kilos y que se cobró a una media de 220 euros/tonelada. En total, 528 euros por hectára a los que hay que sumar 100 euros de ayuda de la PAC, lo que se traduce en un déficit de 272 euros/por hectárea.

Su empresa perdió el pasado ejercicio 85.000 euros, gracias a que pudo compensar con los trabajos que realiza a terceros y ligeramente, con la explotación de ovino de leche. «Laa ganadería no ha estado mal, pero como subió la paja y el forraje aunque la leche valga, te quedas igual, estamos más o menos como cuando no valía porque los costes han subido».

La cuestión es que el cereal no ha dejado de bajar su precio mientras no para de entrar en los puertos cereal procedente de Ucrania sin aranceles.

Pero Felipe enumera muchas más cuestiones que les afectan a la hora de producir y que tienen que ver, por ejemplo, con los denominados 'espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes'. «Tienes que dejar un porcentaje de tu explotación para la fauna para cobrar el 90% de la PAC», explica, «más que nada porque no puedes recolectar hasta el 1 de septiembre, y cuando vas, ya no hay nada». En su caso, una parte la puede aprovechar el ganado, «pero la mayoría de la gente no tiene ganado». También habla de las restricciones a la hora de echar purín en las tierras, pues en el caso de las tierras de barbecho, está prohibido hacerlo entre los meses de abril y junio, incluído. Sin olvidar que en muchos casos, también está prohibido durante los meses de verano por lo que se va el periodo de poder hacer esta tarea. «El abono de toda la vida se ha echado en los meses de mayo y septiembre, pero en mayo ya no nos dejan, y con el resto de restricciones, ya no te da tiempo de preparar». Coincide en que durante meses como agosto, son ellos mismos los que no abonan con estiércoles, «pero si nos dejaran arar, se podría hacer».

A partir del 1 de septiembre de 2024, las explotaciones más grandes tendrán que comenzar a trabajar con el cuaderno digital, donde deben anotar todos los tratamientos o movimientos de la explotación. «A ver quién es el listo que lo hace y si lo mandas hacer, son 300 euros».

La pasada campaña, uno de los eco regímenes a los que podían acogerse los agricultores era la de la rotación con especies mejorantes como las leguminosas, lo que provocó la escaez de semilla y que se dispararan los precios. «Este año no hay tanto problema», reconoce.

Por último, añade que «no se puede pagar el gasóleo agrícola por encima de un euro, eso es inasumible; tampoco te dejan limpiar los regatos que está llenos de porquería e inundan las tierras, pero es que ellos, la Confederación, tampoco lo hacen» y todo ello, sin olvidar la protección del lobo, «no puedeo salir a pastorear porque está el lobo y te quieren pagar por ello, son cosas absurdas».

Los ganaderos salmantinos también han iniciado esta misma semana una serie de protestas que les han llevado a paralizar el saneamiento ganadero en cuatro unidades veterinarias de la provincia.

«Es por la asfixia que se está llevando a cabo contra este sector, no aguantamos, es imposilbe el hostigamiento que estamos sufriendo con el empeño de erradicar una enfermedad practicando una prueba interpretativa con muchísimas dudas».

Esa prueba a la que hace referencia es la de la tuberculosis que se lleva a cabo en ganado bovino y caprino «cuando la mayoría es ganado extensivo, convivimos con la fauna, cualquier técnico te dice que lo primero que hace falta para erradicar una enfermedad es una vacuna».

Jacinto expone que más de 50 especies portan la tuberculosis, «y que las vacas den positivo a la enfermedad no quiere decir que la tengan, sino que en algún momento de su vida han estado con la enfermedad». Dice que detrás de todas estas campañas de saneamiento «lo que hay es un chiringuito, estamos hartos, es cuestión política y económica, pero no podemos consentir que nos maten miles de vacas sanas».

Por otro lado está la queja de las indemnizaciones que reciben por cada animal sacrificado. «Es muy poco dinero, si una vaca normal cuesta 2.000 euros, la indemnización máxima es de 400 euros» por lo que añade que los ganaderos «estamos dispuestos a llevarlo a los juzgados, así lo vamos a intentar defender». Recuerda que el Ministerio «ahora más que nunca, nos impone la figura del veterinario de explotación para llevar a cabo todo tipo de sanidad y tal y como se hace en otras comunidades, queremos que el saneamiento de campaña nos lo hagan ellos que conocen nuestra trayectoria y están tan cualificados como cualquiera».

Su percepción es que el hecho de que sea una empresa privada la que desarrolle las campañas provoca que «exista mucho interés para que siga habiendo casos y nunca se acabe este negocio». Termina indicando que van a ser «más contundentes» en sus protestas, y que la figura del veterinario de explotación «es competencia de la Junta, aquí sí que no pueden pasar la bola ni al Ministerio ni a Europa, son ellos los que tienen que poner cartas en este asunto, y si no son capaces de cambiarlas, habrá que cambiarlos a ellos».