EL CES reclama relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes

La reivindicación no es nueva, pero ahora es el CES (Consejo Económico y Social de Castilla y León) el que reclama a las administraciones públicas, «en sus distintos ámbitos competenciales», que se encarguen de garantizar que las relaciones comerciales del sector agroalimentario «sean más justas, equilibradas y transparentes». Así se recoge en las conclusiones de su último informe sobre 'El sector agroalimentario en Castilla y León', presentado recientemente.

Aprecian desde el organismo que ello contribuirá a mejorar «la crítica situación por la que atraviesan miles de productores agrarios», inmersos en «una dura» crisis de rentabilidad al no poder repercutir sus costes de producción en el precio de venta de sus productos.

En este sentido, el Consejo Económico y Social basa esta recomendación en la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que, entre otras cuestiones, incluye la prohibición de destrucción del valor de los productos agroalimentarios. Es decir, cada operador interviniente debe pagar al operador anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Queda prohibida la venta a pérdidas y los costes de producción son la base de la negociación de los contratos escritos, que serán obligatorios en todas las operaciones comerciales, salvo contadas excepciones.

Desde el CES consideran que esta reforma y su posterior puesta en marcha son solo el primer paso para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, lograr unos precios más justos para los productores y reequilibrar las relaciones entre los distintos eslabones, pero velar por ese cumplimiento es la tarea que atribuye a las administraciones.

La tramitación final de este informe se ha visto condicionada por la invasión rusa de Ucrania por lo que tanto el incremento de precios en los costes de producción, vinculado a esta crisis y a la energética previa, como la reducción o la desaparición del acceso a las materias primas, «dificultan el funcionamiento del sector agroalimentario y agravan los problemas».

Este escenario origina «tensiones inflacionistas» que afectan a todas las etapas de la cadena de valor, en la práctica totalidad de las actividades prioritarias del sector agroalimentario de Castilla y León, de entre las que cabe destacar la producción agrícola y ganadera, la fabricación de piensos, la elaboración y procesado de productos cárnicos, la preparación de quesos y otros productos lácteos, la repostería de larga duración y la producción de azúcar.

Para el CES, este contexto global obliga a adoptar medidas de carácter tributario, de Seguridad Social y empleo dirigidas a evitar esa espiral inflacionista, aunque a medio y largo plazo, se trata más bien de un propósito estratégico, basado en reducir el grado de dependencia de la industria agroalimentaria de Castilla y León respecto de sus proveedores externos de materias primas y energía, diversificando y/o «asegurando las fuentes de suministro, propias y externas, de los inputs productivos esenciales», se dice en el informe.

Incremento productivo

Esto pasa por el incremento a largo plazo de la capacidad productiva del sector agrario, a fin de garantizar el abastecimiento de la cadena agroalimentaria en situaciones de crisis, haciéndolo compatible con la prevención del avance del cambio climático, y para garantizar la seguridad alimentaria que permita proporcionar a la ciudadanía alimentos suficientes, sostenibles y de calidad.

Este informe del Consejo Económico y Social de Castilla yLeón también considera necesario facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes, desarrollar programas de formación acordes o potenciar la integración en entidades asociativas.

Estas recomendaciones del CES están consensuadas con las principales organizaciones agrarias, con las organizaciones empresariales y sindicales, de consumidores y de la economía social que, junto al Grupo de Expertos de la Junta y las Cortes, han trabajado con el amplio documento técnico.

• Temas
• Suplemento SomosCampo2022