Los propietarios forestales piden una figura jurídica que ampare su actividad

Las agrupaciones de propietarios se han convertido en una posible solución al problema de la propiedad forestal, caracterizada por la atomización que lleva al abandono.

Alrededor de 3,3 millones de hectáreas de montes son de gestión privada y según los datos de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle), más de 600.000 están en régimen de minifundio y cada propietario suma de media 0,9 hectáreas.

«Estas agrupaciones de propietarios no tienen una figura jurídica que les dé soporte y eso es lo que estamos pidiendo», comenta Olga González, gerente de Fafcyle. «Galicia ya ha tomado medidas para que las agrupaciones estén dadas de alta y para que lleven aparejadas ayudas».

González habla de algunas de las ventajas de esas agrupaciones, «pasas de tener 200 interlocutores a tener una junta o un único técnico gestor, y de esta manera ya se pueden hacer contratos de pastos o subastas de madera».

La representante de los propietarios forestales en la región reclama «una fórmula fácil, como sucede con los acotados, una amparo administrativo que permita dar de alta y conlleve un código de explotación aunque ahí, topamos con la Ley Agraria».

La experta lamenta que en la actualidad «tienes que hacer cada trámite administrativo individuo por individuo y si fuera agrupación actuaría como uno solo». En la región están constituidas más de 3.000 agrupaciones de propietarios y el objetivo es «abarcar el mayor número posible de esas más de 600.000 hectáreas para hacer una buena gestión del territorio, por ejemplo, en la prevención de incendios pues ya puedes hacer una planificación de balsas, de cortafuegos, de caminos, también fomentas el empleo rural».

Fafcyle ha tratado estas y muchas otras cuestiones relacionadas con la propiedad forestal en un reciente encuentro celebrado en Valladolid en el marco del proyecto Activación de la gestión forestal privada para afrontar el reto demográfico.

Los promotores de este foro de debate insisten en que la principal conclusión a la que se ha llegado es que «la activación del territorio forestal privado es decisivo para el éxito de la gestión forestal en nuestra comunidad».

Además, consideran que «ante las evidentes consecuencias del cambio climático, crece la necesidad de atender a la emergencia climática, lo que apela inexorablemente a que en nuestra comunidad tengamos un territorio forestal bien gestionado, resiliente y adaptado. Para ello es necesario actuar rápido y avanzar en cuestiones que siguen lastrando el despliegue de toda nuestra capacidad».

Territorio y fiscalidad

Las modificaciones pasan por «acometer cambios urgentes en la legislación, estimular formas jurídicas que permitan actuar sobre territorio abandonado, adaptar la fiscalidad para que el trabajo en el medio forestal resulte atractivo y rentable, y favorecer iniciativas que contribuyan a la digitalización y al despliegue de innovación aplicada al sector».

El presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, insistió en este mismo marco en «exigir que la Ley Agraria Autonómica se adecue a la Estatal y se reconozca en Castilla y León la actividad forestal como actividad agraria sin limitaciones. Solo un 3% de las ayudas de la PAC llegan al sector forestal».

Por su parte, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, José Ángel Arranz, concluyó que «el reto es la superficie que seamos capaces de agrupar porque la gestión conjunta es la única gestión rentable en una Comunidad con 5,1 millones de hectáreas forestales».

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