Expropiación encubierta de las fincas de la Ribera del Duero

Pocos han reparado que parece existir una causa común: el comienzo de la aplicación anticipada en España de la malhadada agenda 2030 y de la política medioambiental que, con la disculpa del cambio climático, ha sido impulsada por Europa, desde posiciones de identificada tendencia ideológica. La lectura del documento 'Comunicación de la Comisión el Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones' (mayo 2020), cuyo lema es 'Reintegrar la naturaleza a nuestras vidas', y del Real Decreto 1057/2022 (27 de diciembre), por el que el gobierno aprueba el 'Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030' (BOE 30 de diciembre de 2022), que adelanta, dice, los compromisos de España del futuro Marco global sobre la biodiversidad, es reveladora y explica el porqué de muchas de estas polémicas, alarma y movilización social.

Si ya es criticable anticiparse en la aplicación de una estrategia, cuyas consecuencias para la economía española y europea, pudieran resultar nefastas, mucho más criticable es, que sea el 30 de diciembre de 2022, con media España de vacaciones, cuando nuestro gobierno publica una norma de tal calado, que perjudica, sin alternativa, ni compensación alguna, a múltiples sectores de la economía española, públicos y privados, de quien se espera que, con sus patrimonios particulares, paguen esta «carísima fiesta».

Se habla estos días con enorme y llamativa insistencia de la sequía, que ha dejado casi oscurecida la polémica que señalaba los embalses como nuevo objetivo a derribar, de acuerdo con la llamada política de conservación de la biodiversidad. Pues bien, además de la agricultura, la ganadería o la caza, muy vinculados a estos objetivos de configuración de la política agraria, el agua constituye objetivo principal de estos planes. Los embalses y las cuencas hidrográficas son claro objetivo de esta agenda, que propone la «recuperación de ecosistemas de agua dulce», indicando para ello que, al menos 25.000 kilómetros de ríos vuelvan a ser de caudal libre, mediante la eliminación de obstáculos, esencialmente obsoletos, dicen, y la recuperación de llanuras aluviales y humedales, añadiendo, que «las autoridades de los Estados miembros deben revisar los permisos de extracción y embalse de agua para restablecer los caudales ecológicos, con el fin de que, a más tardar en 2027, todas las aguas superficiales presenten un buen estado ecológico o un buen potencial ecológico».

Efectivamente, se recomienda la eliminación de los embalses, lo que no parece muy coherente cuando, por otro lado, se promociona la electricidad como energía limpia. En aplicación de estas propuestas ha pasado desapercibido que se ha aprobado el Real Decreto 26/2023 (17 de enero), dictado por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y del Ministro del Interior, por el que se aprueba la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. También el Real decreto 35/2023 (24 de enero), por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Tales disposiciones generales, afortunadamente recurridas en varios procedimientos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo, encierran una expropiación encubierta generalizada de una buena parte de las fincas de ribera, al considerar como dominio público lo que hasta ahora eran propiedades privadas, mediante la aplicación, como si de una norma se tratase, de una planimetría que, denominada como deslinde cartográfico, ni es el resultado de procedimiento legal de deslinde, ni se ha publicado en Diario Oficial de ningún tipo, ni para su fijación se ha realizado llamamiento alguno a los colindantes, evidentemente interesados. Esto es, precisamente, lo que ha provocado la reacción de los cultivadores y propietarios de chopos en la ribera del Duero que, aun disponiendo de títulos de propiedad inscritos en el Registro de la Propiedad e incluso avalados por una previa concentración parcelaria, de la que proceden sus títulos, ven como se les deniega e impiden plantar chopos o participar en modernizaciones del regadío o cualquier actividad en una parte de sus propiedades, que ahora, por mor de tales mapas de deslinde cartográfico, son consideradas como dominio público.

Nos encontramos, una vez más, con que el mundo ecologista dispone, el político impone y el sufrido ciudadano paga, sin que nadie le compense las pérdidas y, lo que es peor, sin que nadie responda, cuando las políticas se manifiestan completamente erradas.