Las organizaciones lamentan que el Ministerio ceda a la presión ecologista con el lobo

En primer lugar, Asaja ha pedido la «fulminante» dimisión o cese de la ministra, «por atentar contra lo que presume de defender en su departamento, la población rural, tomando una medida unilateral que socava la continuidad de explotaciones familiares ganaderas vinculadas tradicionalmente al territorio, en pueblos con muy escasas posibilidades de encontrar alternativas económicas».

COAG considera «un fracaso estrepitoso, propio de la vieja política, que se impongan medidas sin negociar con los afectados como es la inclusión del cánido en el LESPRE«. La organización ha pedido a las Cortes de Castilla y León que declaren persona «Non Grata» a la ministra Ribera por su decisión de »proteger al lobo y perjudicar así los intereses regionales «. De este modo, presentará a los grupos parlamentarios de las Cortes regionales una propuesta para que se repruebe a la titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En opinión de los responsables de COAG, «Teresa Ribera ha lanzado definitivamente al lobo contra los ganaderos y contra su forma de vida», al tiempo que anuncian que apoyarán las medidas que tomen las consejerías agrarias o medioambientales de las regiones loberas, contra la inclusión del lobo en el LESPRE.

Desde UPA manifiestan que con esta «maniobra» del Gobierno central «se lleva a cabo uno de los mayores ataques y ofensas contra el sector ganadero extensivo de Castilla y León, al quedar desamparado totalmente el ganadero frente a la expansión del lobo por todo el territorio«.

«Es un despropósito absoluto que el MITECO se salga con la suya contra todo y contra todos, excepto con el beneplácito de los lobbys ecologistas de índole urbanita, porque esta decisión representa la imposición y la ruptura de cualquier tipo de diálogo con los afectados», insisten.

En este sentido, UPA lamenta que el Ministerio de Reto Demográfico con iniciativas como ésta «siga con su política de fomentar aún más el despoblamiento rural, provocando en este caso aún más el enfado y cabreo entre los afectados de los ataques de las cientos de manadas de lobos que hay dispersadas en más de 40 de las 60 comarcas agrarias de Castilla y León».

UPA CyL recuerda que en los últimos años los daños por muerte valorados en la cabaña ganadera de Castilla y León como consecuencia de ataques de lobos asciende a 15 millones de euros «contabilizando tan sólo las incidencias que han llegado a nuestras oficinas y sin tener en cuenta el lucro cesante».

Por último, desde UCCL critican la «imposición del ecologismo radical». Concluyen que «la consideración del lobo como especie protegida en Castilla y León supone que la Comunidad autónoma no podrá hacer un control poblacional de esta especie en las zonas que así lo requieran, mediante una gestión cinegética eficaz y controlada». Según la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) esto supone un «ataque frontal» a la ganadería extensiva y una «presión insoportable» para muchas explotaciones.