Las organizaciones agrarias reclaman a la Junta que se posicione contra el acuerdo con Mercosur

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León exigieron hoy a la Junta un «posicionamiento en contra» del acuerdo que se está fraguando entre la Unión Europea y los países del Mercosur ya que, a juicio de las opas, «va a suponer la puntilla» para muchos sectores de la agricultura y la ganadería de la Comunidad. Por su parte, la consejera de Agricultura, María González Corral, exigió al respecto «transparencia» al Ministerio para que el trato «no suponga una situación de desventaja para ninguna de las partes».

Este fue uno de los puntos de debate durante el Consejo Regional Agrario que se celebró en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), como previo a la Conferencia Sectorial de Agricultura que se ha celebrado esta tarde, de manera telemática, entre el Ministerio y las consejerías del ramo.

Las opas, en voz del presidente de Asaja, Donaciano Dujo, y del portavoz de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, pidieron a la Junta un «posicionamiento en contra» del acuerdo entre UE y Mercosur porque, para Dujo, «está propiciando a Alemania cambiar trigo, vacas y azúcar por coches», pero perjudica a Castilla y León porque «no van a ser los coches que vayan a Mercosur y sí van a entrar sus productos agroalimentarios».

«No lo podemos permitir y la Junta se tiene que poner de nuestro lado», apuntó Dujo, en unas palabras a las que se unió Aurelio González para pedir a la Consejería «un frente común» con las opas para realizar «una petición formal al Ministerio para que se esté en contra de firmar» el tratado ya que, a juicio del secretario general de UPA en Castilla y León, supondría «la puntilla para sectores como el vacuno de carne o el azúcar».

Sin embargo, la consejera, en declaraciones recogidas por Ical durante un receso del Consejo Regional Agrario, recordó en primer lugar que el acuerdo, que «se lleva negociando desde hace más de 20 años, no está cerrado», y que desde la Junta consideran que «cualquier negociación es bienvenida» pero siempre que se haga «con total transparencia». Una petición que deslizó al Ministerio para que traslade a la UE que se debe «trabajar con todos los actores» para que el acuerdo «no suponga una desventaja para ninguno de ellos».

Las palabras de la consejera no convencieron al presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, que consideró la posición «tibia» y «políticamente correcta» para después señalar al ministro de Agricultura, Luis Planas, que «el año pasado se comprometió a que cualquier acuerdo de la UE con terceros países tiene que tener las cláusulas espejo para que se firme». «Si el ministro hoy apoya el acuerdo en las condiciones en que está establecido, está haciendo otra cosa, porque Mercosur no cumple las normas de la UE», concluyó.

Carta a Planas para la nueva PAC

Donde sí coincidieron opas y Consejería es en la reivindicación de una Política Agraria Común (PAC) «justa y ajustada a las necesidades de agricultores y ganaderos» en un escenario post 2027, como apuntó González Corral, ante la «incertidumbre con el nuevo Colegio de Comisarios» de la UE y con «la posibilidad de que entren terceros países con mucha extensión agrícola y poco potencial económico», del que advirtió Dujo.

Por ello, y tal como afirmó el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, «hay que hacer una reforma intermedia profunda y una nueva PAC» que abogue por «reorientar las ayudas al agricultor a título profesional y rebajar las exigencias medioambientales para hacerlas más razonables y objetivas». En ese sentido, la consejera aseguró que envió la pasada semana una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para trabajar en «una PAC justa que se adecúe a las necesidades de los agricultores y simplifique los trámites administrativos».

También hubo acuerdo y posición común en la «necesidad de una apuesta clara por las infraestructuras hidráulicas y una política de defensa del agua» que González Corral ejemplificó con la apuesta que está haciendo la Junta por «la modernización de regadíos» para trabajar «de forma más eficiente, con un menor consumo de agua y un mayor ahorro energético».

Por ello, pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que «incremente la capacidad de regulación de la cuenca del Duero», además de aprobar las zonas pendientes de Declaración de Impacto Ambiental para seguir avanzando en la modernización de regadíos en los que la Junta invierte «más de 86 millones» para modernizar 21.225 hectáreas.

También a este Ministerio, ahora dirigido por Sara Aagesen, se dirigieron Junta y opas para reclamar «que cambie el planteamiento y permita que las explotaciones no se vean atacadas como viene siendo últimamente», según afirmó González Corral, a la que secundaron las opas no sin antes pedir a la Junta que «elabore un plan para controles poblacionales de ciervos y jabalíes», que también «causan daños terribles al sector».

Acción «uniforme» contra la subida de costes

Otro de los puntos a debate fue la situación de los costes del sector cerealista, que como reconoció la consejera, «viene arrastrando alzas en los insumos mientras que disminuye el precio de venta», por lo que consideró necesario «tomar una acción inequívoca y uniforme desde todas las administraciones para hacer, entre todos, cada vez más rentables, competitivas y eficientes las explotaciones».

Y es que Castilla y León está atravesando una «grave situación» por la que los costes de producción se elevan hasta los 700 euros por hectárea, mientras que los precios no pasan de los 200 euros por kilo, lo que obligaría a obtener 4.000 kilos de media por hectárea que Dujo recordó que «no es la media de Castilla y León», por lo que pidió a la consejera que «presione al Gobierno y a la UE para que bajen los costes de producción y apliquen aranceles al cereal de Ucrania».

Por su parte, y en relación a este tema, Aurelio González pidió a la Consejería que «además de una reunión con el Ministerio para ver cómo atajar esos costes, haga más cosas» como «apelar a los operadores de mercado que traen cereales a bajo coste para que mejoren los precios», exija a las empresas de la industria agroalimentaria que cumplan con la Ley de la Cadena para poder acceder a fondos públicos o que solo los productos que utilicen materias primas de Castilla y León puedan llevar la etiqueta de Tierra de Sabor.

«Más en seis meses que en dos años»

En todo caso, González valoró «muy positivamente» el trabajo de la nueva consejera en los seis meses que lleva en el cargo, al señalar que «se han hecho más y mejor las cosas que en los dos años anteriores». Una postura que también trasladó Dujo al agradecer la «interlocución» de la nueva consejera o González Palacín al mostrar su apoyo «mientras trabaje en esta línea», no sin antes pedir una revisión de las políticas de seguros y un «paso adelante» en la Ley de la Cadena Alimentaria con la publicación de los costes de producción como «precio de referencia objetivo y real».

Por su parte, la consejera aseguró un trabajo de «diálogo y escucha» que se ha materializado, en estos seis meses, en un Plan para la Agroindustria con más de 438 millones de euros, la resolución de la convocatoria para la incorporación de jóvenes al campo con 90 millones de inversión, el pago de anticipos a los jóvenes beneficiados de la última convocatoria o las ayudas puestas en marcha para las ganaderías afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), donde además se sigue trabajando «para poner las vacunas a disposición de las ganaderías», además de «apostar por la coordinación con otras comunidades para los movimientos en zonas con restricciones».

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