Política Agraria Común, la negociación que no cesa

Al margen del día a día, el sector vive pendiente de la reforma de esta política, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2023.

A nivel europeo continúa negociándose entre el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento y se espera alcanzar un acuerdo sobre los tres reglamentos bajo la actual presidencia portuguesa antes del 30 de junio. Esos tres reglamentos son sobre los planes estratégicos de la PAC, la organización común de mercado (OCM) única y un reglamento horizontal sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC.

A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere cerrar el acuerdo en España y presentar a la Comisión Europea su propuesta de plan estratégico para su aprobación en el segundo semestre de 2021 y elaborar durante 2022, las normas nacionales necesarias para su aplicación. Con este fin, se han iniciado reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para identificar sus prioridades con la idea de celebrar una conferencia sectorial en la segunda quincena de este mes.

Entre los temas de negociación en España, José Manuel Domínguez, técnico de Urcacyl, recuerda que está la definición de agricultor genuino. «Las comunidades están planteando una horquilla que va desde el 10% al 60% de ingresos agrarios sobre el total de ingresos; la petición mayoritaria está en el 20%-30%».

En cuanto a la aplicación de la convergencia, «España ha recibido una serie de recomendaciones de la Comisión que deben cumplirse si se quiere una aprobación del plan estratégico». Una de esas recomendaciones hace referencia a la convergencia interna y al final de los derechos históricos. «Al ritmo actual, la convergencia no se alcanzaría hasta 2036 por lo que es necesario intensificar el proceso mediante un proceso gradual que debe culminar en 2027».

Techo de ayudas

La aplicación del 'capping' (techo de ayudas) es otro de los temas polémicos de debate, se aplicaría a partir de 60.000 euros con un límite de 100.000 euros por explotación descontando los gastos laborales. En este cálculo no se incluirían los pagos por ecoesquemas.

En el caso del pago redistributivo, que tiene por objeto la sostenibilidad económica, supondrá destinar el 20% de la ayuda básica a la renta y se destinaría a compensar las primeras hectáreas de pequeñas y medianas explotaciones.

Para el régimen de pequeños agricultores, aquellas explotaciones o granjas que reciben menos de 3.000 euros de ayudas, «la propuesta del Ministerio plantea terminar con este régimen porque tras la reforma supondría mantener un sistema doble y la condicionalidad debería respetarse igualmente».

Los ecoesquemas «se están planteando como un esquema sencillo, con impacto medio ambiental significativo y fácil de aplicar», indica Domínguez. «En 2023 y 2024 los fondos destinados a ecoesquemas que no se gastasen podrían aplicarse a ayuda básica pero a partir de ese momento lo no aplicado se perdería».

Por último, con las ayudas acopladas se están planteando mantener las actuales e incluir algún sector nuevo, como la aceituna de mesa.

Para la incorporación de jóvenes, el presupuesto alcanzaría el 3% del montante destinado a pagos directos, entre ayudas de primer y segundo pilar.

Las ayudas agroambientales se mantendrían como se conocen hasta ahora, con la actual política.