El Ministerio impone 269 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena

Desde su creación en 2014, la AICA ha desarrollado labores de inspección y control de la cadena alimentaria, «actuando siempre con rigor y eficacia», según ha destacado el ministro, que ha inaugurado hoy la reunión del Consejo Asesor del organismo.

Cabe destacar que el 13,7 % de estas sanciones están motivadas por la falta de indicación expresa en los contratos de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. Se trata de un tipo de infracción nueva que se introdujo en el Real Decreto 5/2020 de medidas de reforma de la Ley de la Cadena.

De las 866 inspecciones realizadas por la AICA en ese periodo, 600 se produjeron en el sector de cereales, seguido del cárnico (166), vino (36), lácteo (31), frutas y hortalizas (14), aceite de oliva (12) y sectores industriales (7). En total se controlaron 1.288 relaciones comerciales. Además, entre enero y junio se recibieron 38 denuncias.

El motivo más frecuente de las sanciones es el incumplimiento de los plazos de pago (67 % del total), infracción que se concentra en el sector mayorista. El 56% de las sanciones impuestas recae sobre el sector de frutas y hortalizas, seguida del aceite de oliva (19 %) y el lácteo (17 %).

En global, desde su entrada en funcionamiento en 2014, la AICA ha realizado 5.450 inspecciones y ha recibido 396 denuncias, que han devenido en la imposición de 2.743 sanciones por un montante total de 12.325.609 euros. Algo más de la mitad de las infracciones (53 %) corresponden a incumplimientos de los plazos de pago.

En la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, se va a ampliar la relación de prácticas comerciales prohibidas y se va a reforzar la capacidad negociadora de todos los eslabones de la cadena, especialmente de aquellos más débiles, para que se produzca una verdadera igualdad de condiciones.

Planas ha explicado que la AICA se va a ver reforzada con más funciones y más competencias en su labor de control en la nueva Ley de la Cadena. Así, se convertirá en la autoridad de ejecución encargada de establecer y desarrollar el régimen de control de cumplimiento de la ley, en coordinación con las comunidades autónomas, y tendrá además facultades resolutivas para imponer sanciones por infracciones en materia de contratación alimentaria –hasta ahora se limita a proponer-.