De los lagos de leche y vino al propósito verde

La PAC se aplica en 27 países. España se incorporó a la familia europea en 1986, pero los efectos de esta política no fueron plenos hasta 1995. Alo largo de este tiempo, la modernización agraria ha sido un hecho. España pasó de ser un país deficitario a exportador pero, a pesar del apoyo, siguen pendientes cuestiones como la incorporación de jóvenes o el equilibrio de la cadena de valor.

Una primera etapa de la PAC se extendió hasta los años 80 y estuvo centrada en el establecimiento de medidas dentro de su política de precios y mercados, que dieron sus frutos a lo largo de las siguientes décadas de tal manera que la situación comunitaria pasó de deficitaria a excedentaria. Esos excedentes dispararon el gasto agrícola pues la aplicación de medidas de intervención (ayudas al almacenamiento privado y compras públicas) y las ayudas a la exportación para dar salida a los excedentes comunitarios en el mercado internacional eran las más costosas. Fue en aquella época cuando se hablaba de montañas de mantequilla, lagos de leche y vino que debían destruirse por no encontrar demanda interna o externa, lo que acabó generando tensas relaciones con la comunidad internacional.

Sistema de cuotas

Esa sobreproducción derivó en 1984 en un sistema de cuotas que limitaba lo que cada agricultor y ganadero podían producir. Cuando España accedió al Mercado Común Europeo, la cuota láctea fue una de las más sonadas, pues aquel ganadero que se pasara en los kilos asignados debería pagar una multa. Ese sistema desapareció en 2015: se vendió como oportunidad para dimensionar las explotaciones que, debido a la continua crisis de precios, tampoco ha dado los resultados esperados en el caso español. La desaparición de las cuotas del azúcar llegó dos años más tarde, en septiembre de 2017, pero al sector remolachero también le está costando mantener superficie debido a los elevados costes de producción y a los vaivenes del mercado.

La reforma de 1992 o 'Reforma McSharry' fue la primera gran reforma. El acuerdo principal al que llegó el Consejo fue el inicio de la transición entre unas ayudas ligadas a la producción a unas ayudas a la renta de los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de ganado y el establecimiento de medidas para la mejora de estructuras agrarias.

Las crisis alimentarias de la década de los 90 impulsaron una nueva reforma, la Agenda 2000, que avanzó en el establecimiento de ayudas directas a la renta, la disminución de precios institucionales, el aumento de competitividad de la agricultura europea y el establecimiento de la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC.

Los agricultores dependen en estos momentos de una prórroga de la reforma de 2013, que estuvo marcada por el reverdecimiento de los pagos. En 2023 entrará en vigor una Política Agrícola Común más ambiciosa medioambientalmente.

La PAC nació en 1962 bajo el auspicio de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En la actualidad, esta política comunitaria afecta a diez millones de empresas de la Unión Europea (UE) y alrededor 22 millones de trabajadores. En lo que a su financiación se refiere, suma 387.000 millones de euros en el nuevo presupuesto hasta 2027, de los que 47.724 millones serán para España. En concreto, España es el tercer país receptor de fondos que se distribuyen entre sus 695.000 beneficiarios.Castilla y León se mueve en torno a los 65.000 perceptores de ayudas de la PAC cada campaña.