La Junta tendrá que pagar a los herederos de los remolacheros fallecidos la ayuda de 2011

Esta sentencia abre la vía para que aquellas personas que puedan encontrarse en situación análoga reclamen a la Consejería su derecho a cobrar.

Los hechos enjuiciados derivan de la convocatoria de ayudas a la siembra de remolacha azucarera acogida a planes de competitividad para la campaña agrícola 2010 /2011. Dicha convocatoria fue dejada sin efecto por la Administración, «obligada por otra sentencia ganada en 2016 por la Alianza UPA-COAG», y ello derivó en una multitud de procesos judiciales en los que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ordenó a la administración que siguiese hasta su finalización la tramitación del procedimiento incoado.

Recuerdan estan fuentes que seguidas dichas resoluciones, la administración autonómica otorgó las ayudas a 4.861 productores y la denegó a 627 por incumplirse por ellos el requisito de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la hacienda de la Comunidad de Castilla y León y frente a la Seguridad Social. Se trataba de personas físicas que constaban como «baja» por fallecimiento desde que se hizo la solicitud de la percepción hasta que culminó el proceso. Dichas personas, cuya pretensión fue desestimada, impugnaron tal acuerdo, de lo que resultó una resolución por la que se estimaba la queja de 395 interesados y se desestimaba la de otros 126, dentro de los cuales se hallaban quienes han promovido este proceso, representados por el abogado de COAG, José Ramón Pérez Aparicio.

Ahora, en su sentencia el TSJ llega a la conclusión de que «la parte actora en este litigio ha sido tratada de manera diferente y perjudicial a como lo han sido otras personas aquejadas de los mismos problemas». Y ello «contradice el vigente ordenamiento y vicia la resolución que debe declararse su nulidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1.a) de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como efectivamente se hace, con violación, como se dice, del principio de igualdad en la aplicación de la ley que pregona el artículo 14 de nuestra Ley de Leyes.»

La Sentencia deja claro que «…el heredero sucede al difunto por el hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, entre los que no se acaba de ver la razón de excluir la percepción de una subvención por el cultivo de remolacha años atrás», Además de estimar la pretensión deducida, ha sentencia hace «expresa imposición en las costas de este proceso a la parte demandada».

Desde COAG concluyen que el Gobierno regional «rompió el acuerdo alcanzado en marzo del 2008 suscrito por la Consejería de Agricultura, Azucarera y Acor, y no concedió la ayuda que ella misma promovió durante las campañas PAC 2011, 2012 y 2013». Esto motivó que la Alianza UPA-COAG interpusiera en junio de 2013 recurso ante el TSJCyL, obteniendo en junio del 2016 la sentencia favorable que obligaba a la Junta a tramitar todas las ayudas de remolacha de la PAC 2011. En septiembre del 2016 se comunicó el auto del TSJCyL aclarando que la Junta debía abonar las ayudas con intereses.

Sin embargo, la Consejería recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que motivó que hasta mediados de 2019 no se abonasen a los beneficiarios las cantidades comprometidas en su día. «Las actuaciones judiciales de nuestra organización lograron que el Gobierno regional pagara a todos los remolacheros, incluidos los que no recurrieron a los Tribunales».