La Junta inyecta 42 millones en ayudas directas y 60 para bonificación de interés para préstamos

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó hoy las medidas de apoyo al sector agrario y ganadero, tras la declaración por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de junio de la situación excepcional de la campaña agrícola 2022-2023 en todo el territorio de Castilla y León por la meteorología adversa.

Carriedo también anunció 15 millones en los próximos cuatro años para la contratación de seguros; medidas de ahorro fiscal por 20 millones de euros; y 6,1 millones en subvenciones y cinco para balsas para garantizar el suministro de agua en explotaciones ganaderas. En total, Carriedo remarcó que la Junta pone para el sector 145 millones de euros de fondos propios, lo que demuestra el «compromiso muy evidente» con un sector que «necesita ese esfuerzo», frente a la posición del Gobierno.

Así, el consejero aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, para demandar al Gobierno de España un «trato igual para los españoles vivan donde vivan» en sus ayudas, para criticar la distinción entre territorios en los apoyos frente a la sequía que «no se ha entendido» en la Comunidad. «La aportación es más baja en Castilla y León que en otras autonomías», denunció. Asimismo, exigió que los 81 millones de fondos de la reserva europea agrícola frente a la crisis que llegará a España vayan a las «zonas cerealistas, que son las más perjudicadas por los precios asociados al conflicto de Ucrania por sus exportaciones».

El portavoz defendió que las medidas puestas hoy sobre la mesa son fruto de la interlocución con el sector, y precisó que las ayudas directas están destinadas a los agricultores con pólizas de seguro de sequía de cultivos herbáceos y, en su caso, de pastos, que se calculará en forma de complemento a la indemnización que, por riesgo de sequía en las pólizas de cultivos herbáceos de secano, determine la entidad Agroseguro en 2023, con un incremento de hasta el 25 por ciento sobre la indemnización determinada en el caso de los agricultores profesionales, o del 12,5 por ciento para el resto de los agricultores. En este sentido, aclaró que la ayuda viene a cubrir la franquicia del 30 por ciento que tienen los seguros de Agroseguro, que solo cubren el 70 por ciento de la indemnización establecida, tal y como recoge en su información Ical.

Asimismo, constató en esta ayuda directa también se incluirán como beneficiarios aquellos agricultores profesionales sin póliza de seguro por sequía en 2022-2023, que se comprometan a realizar la suscripción en las próximas tres campañas agrícolas, con la condición necesaria de su suscripción en este primer año (campaña agrícola 2023-2024). En este caso, la ayuda a percibir por cada agricultor se obtendrá utilizando la indemnización media obtenida de la información disponible en la zona que radique la explotación de las diferentes actuaciones realizadas por la entidad Agroseguro en la zona, a la que se aplicará un porcentaje a determinar una vez efectuado el cálculo de las ayudas que correspondan a los titulares con pólizas vigentes en la campaña agrícola 2022-2023, con un máximo del 20 por ciento. En este sentido, comentó que los apoyos para estos agricultores están condicionados a que contraten desde esta campaña y durante los próximos tres años seguros agrarios para sus explotaciones.

Préstamos y seguros

El consejero de Economía y Hacienda también anunció también un bonificación de intereses de préstamos para facilitar liquidez al sector, teniendo en cuenta que los tipos actuales de interés «son mucho más altos a los existentes en los años referidos».

Carriedo comentó que la medida consiste en bonificar el interés de los préstamos de hasta 60.000 euros máximos por explotación, a cinco años con un primer año de carencia y cuatro de amortizaciones constantes, con tipo variable con referencia al Euribor más un diferencial del 0,5. Dicha bonificación alcanzará el 100 por ciento para agricultores profesionales y el 40 por ciento para el resto. En esta medida también se contempla, en su caso, el coste del aval de Saeca u otra entidad avalista, que se podrá exigir para la suscripción del préstamo.

Carlos Fernández Carriedo remarcó además el incremento de la partida destinada a la bonificación por suscripción de seguros agrarios. Esta medida consiste en incrementar esta partida con una senda de crecimiento que alcance en los próximos cuatro años una cifra cercana a los 15 millones de euros. El incremento neto del coste derivado de esta medida estará en torno a 9,6 millones de euros.

Medidas fiscales

Por lo que se refiere a las medias fiscales, anunció bonificación de las tasas veterinarias. La medida consiste en establecer una bonificación en un 95 por ciento, dijo, de las tasas de titularidad autonómica por prestación de servicios veterinarios, como medida de apoyo al sector ganadero. Esta acción será de aplicación desde su aprobación hasta el 31 de diciembre de 2023, y además se prolongará durante los años 2024 y 2025. El ahorro fiscal estimado para el sector ganadero durante los dos años y medio de aplicación asciende a 2,5 millones de euros.

Asimismo, puso de relieve que se acometerá una reducción de los índices de rendimiento neto aplicables por agricultores y ganaderos. Esta acción consiste en la reducción de los índices de rendimiento aplicables a los agricultores y ganaderos en el sistema de estimación objetiva del IRPF de 2022 a presentar en 2023. Se estima que supondrá una minoración de la base imponible de los declarantes en el régimen de estimación objetiva por sus actividades agrícolas y ganaderas de 138,5 millones de euros, beneficiando a unos 57.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León.

El ahorro fiscal estimado para los agricultores y ganaderos de Castilla y León asciende a 20 millones de euros, de los que aproximadamente diez millones de euros anuales serán asumidos por la Comunidad de acuerdo con lo establecido por el actual sistema de financiación autonómica. Por tanto, considerando también el efecto en el IRPF correspondiente al año 2023 que se presenta en el año 2024, el importe total alcanza los 20 millones de euros.

Medidas de carácter estructural

Como medidas de carácter estructural con efectos directos y también futuros para hacer frente a la sequía, Carlos Fernández Carriedo manifestó que se contemplan dos actuaciones de infraestructuras dirigidas a garantizar la disponibilidad de agua en las explotaciones ganaderas.

La primera, dijo, son subvenciones de minimis destinadas a garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo o mixto de aprovechamiento de pastos de Castilla y León, que supondrán la concesión de ayuda a 1.890 ganaderos y un importe de 6,1 millones de euros.

En segundo lugar, anunció la aprobación de un plan de ejecución de balsas para explotaciones extensivas y apoyo a medios contra incendios, para la construcción de pequeñas balsas (entre 10.000 y 45.000 metros cúbicos) en zonas ganaderas y que puedan además apoyar la lucha contra incendios. Principalmente se desarrollará en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, por la carga ganadera extensiva y el estiaje que se produce en los cauces de dichas provincias. El presupuesto es de 5 millones de euros y se prevé un plazo para ejecutarlo de tres años.

Anticipos PAC

Por último, anunció que los pagos de los anticipos de las ayudas directas de la PAC se efectuarán a partir del 16 de octubre, de conformidad con lo que disponga el reglamento europeo que establezca los porcentajes máximos de anticipo y las condiciones para efectuarlos. Se anticipará el máximo porcentaje que se autorice por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE (en principio el 70 por ciento), así como hasta el 85 por ciento de las ayudas Feader incluidas en la solicitud única de 2023. El importe estimado de los anticipos es de 600 millones de euros.

Además, se establecerá una prórroga de los plazos establecidos para cumplir determinados compromisos, tanto del primer pilar (ayudas directas financiadas por el Feaga) como del segundo pilar (intervenciones de desarrollo rural cofinanciadas por el Feader) de la Política Agrícola Común.

Junto a esto, indicó que se acometerá un flexibilización y establecimiento de excepciones a los requisitos de la Política Agrícola Común recogidos en la circular del FEGA de fecha 25 de mayo, en relación con las ayudas directas; así como de la regulación de determinadas cuestiones vinculadas a las intervenciones territoriales del Feader, en las cuales la Comunidad Autónoma tiene mayores competencias de desarrollo.