Las exigencias en bienestar costarán 300.000 euros a las granjas de porcino

Las nuevas exigencias en materia de bienestar animal que exige el Real Decreto 159/2023, siguen en el punto de mira del sector ganadero y ahora han sido las organizaciones profesionales agrarias Asaja y COAG las que han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una prórroga de tres años adicionales para su entrada en vigor. Esto supondría su vigencia a partir de enero de 2028, aunque en principio la intención ministerial era que hubiera estado funcionando a lo largo de este 2024.

La nueva normativa, entre otros muchos aspectos, supondrá la reducción de la capacidad de las granjas, pues se establece una modificación de la densidad por animal. En concreto, y según los cálculos de estas dos organizaciones, se estima una pérdida de entre cuatro y ocho millones de cerdos cebados al año, dependiendo del método de cálculo de la superficie útil y la aceptación del redondeo por corral. La reducción de plazas oscila entre el 7,06% y el 16,34%.

«Los números se están discutiendo todavía», comenta Miguel Ángel Ortiz, presidente de la Asociación de Productores de Porcino de Castilla y León (Feporcyl), quien señala que «dependiendo de los acuerdos puede bajar un 15% el censo, sobre todo en cebos, o que se suba a un 30%, y eso va a restar rentabilidad y eficacia». Este profesional del porcino insiste en que «hace falta más capacidad para abastecer todo el mercado y no salen muchos proyectos que están atascados en Medio Ambiente o en la Confederación Hidrográfica del Duero».

Ortiz subraya que los operadores «están con necesidad de materia prima y esto va a suponer una pérdida de materia prima y de rentabilidad», al tiempo que se muestra convencido de que esta normativa «tiene muchas posibilidades» de entrar en vigor el año que viene. Desde el punto de vista del consumidor, «esto va a tener unas consecuencias y son la subida de precios y la falta de mercancía». El ganadero recuerda que este sector «no tiene ningún tipo de ayuda y al final nos toca hacer más inversión».

Por otra parte, esta legislación en materia de bienestar animal es un «requisito europeo», pero lo cierto es que «cada Estado tiene un margen de aplicación y parece que en España queremos ser el top de la normativa y no entendemos que tengamos que ser más restrictivos todavía. Parece que se quiere limitar este sector que es de referencia mundial», apunta Ortiz.

El porcino español es líder en Europa. Aporta el 39% del valor de la Producción Final Ganadera y está formado por más de 85.000 granjas en toda España. En Castilla y León hay 4.000 explotaciones, que generan 15.000 empleos directos e indirectos; 1.300 millones de euros anuales en valor de producción, y 4,5 millones de cabezas de ganado.

Hasta más de medio millón

Por otra parte, Asaja y COAG ya han hecho cuentas de lo que supondrá adaptarse al nuevo reglamento de bienestar animal y estiman «un sobrecoste por encima de los 300.000 para adaptar las granjas a la reducción de densidades por metro cuadrado, que en el caso de querer ampliar la superficie de las misma para mantener el nivel de producción, superarían los 500.000 euros». Así, han reclamado ayudas específicas al Ministerio para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. «Servirían para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal». Además, los ganaderos se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. «Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión»,

Estas dos organizaciones subrayan que la prórroga solicitada y la modificación de densidades propuestas «son esenciales para asegurar una transición ordenada, mantener la viabilidad económica de las explotaciones y continuar contribuyendo al equilibrio territorial y socioeconómico de amplias zonas rurales», concluyen.

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