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La organización agraria UPA considera dramática la situación que sufren los profesionales del campo por el precio de la luz y pidieron medidas extraordinarias al Gobierno de España y al resto de la Unión Europea para que el coste energético «no ponga al límite a ... un colectivo profesional esencial para la población».
En un comunicado recogido por Ical, consideran de sentido común que las administraciones competentes desarrollen una normativa excepcional que marque unos topes de precio durante los meses del conflicto bélico actual, así como la eliminación de impuestos que gravan la electricidad y carburantes para una actividad profesional básica como es la agraria, añadieron.
Recordaron que un «porcentaje importantísimo», tanto del coste de la luz como de los carburantes, viene por la vía de impuestos, por lo que la Comunidad Europea «debe dar un paso al frente y actuar ya, porque, de lo contrario, los agricultores y ganaderos no podrán sembrar, producir y alimentar a la población dada la ruina que les puede alcanzar de lleno».
Desde la organización aseguraron que la escalada de costes energéticos es «inasumible» y debe abordarse con cambios normativos «de calado» a nivel europeo. El sistema de fijación de precios de la electricidad debe cambiar y los costes de combustibles, fertilizantes y fitosanitarios deben vigilarse con lupa para evitar prácticas especulativas con las que algunos hacen el agosto a costa de la ruina de todo un sector, puntualizaron.
«Nuestra organización denuncia la situación lamentable y límite actual hasta el punto de la negativa de las eléctricas a la renovación de los contratos con los regantes para toda la campaña en una situación dramática como la actual con precios disparatados de petróleo, gas y luz debido a la invasión de Rusia a Ucrania».
De esa forma, la clave debe ser garantizar la producción de alimentos para todo el continente, y es momento de realizar «política agraria inteligente y ágil». «Los agricultores y ganaderos estamos a disposición de la sociedad para seguir produciendo alimentos, pero los gobiernos deben adaptar las normativas a una situación de guerra como la que estamos viviendo», apostillaron desde UPA.
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