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El juicio por la demanda de conflicto colectivo contra el traslado de los trabajadores de los servicios centrales de Acor, en el Paseo de Isabel la Católica de Valladolid, a las instalaciones de Olmedo, quedó ayer visto para sentencia. Tras suspenderse la vista hasta en ... dos ocasiones, el 7 de junio y el 14 de septiembre, finalmente el martes se celebró la sesión en el Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid, en un juicio en el que cada parte mantuvo las posturas iniciales.
La demanda presentada por el representante de UGT-FICA en el comité de empresa de la azucarera, Luis Antonio Ramos, fue defendida por el abogado Martiniano López, quien insistió en declarar «nula o injustificada», la decisión de trasladar a 35 de un total de 45 empleados –están excluidos ocho jubilados parcialmente, el presidente y el director general– a Olmedo.
Por parte de la cooperativa se argumentó, según estas mismas fuentes, que el comité de empresa no está legitimado para llevar a cabo esta demanda judicial, apoyándose sobre todo, en el hecho de que 28 trabajadores de la plantilla, «la gran mayoría», han aceptado el traslado, bien en autobús o en su vehículo privado con un plus de kilometraje. Por lo tanto, han asumido que se les apliquen las medidas y en estos momentos quedan «descolgados», siete trabajadores.
Condiciones laborales
Para la parte demandante, la medida adoptada por la cooperativa Acor supone un traslado o, subsidiariamente, una modificación sustancial de las condiciones laborales de los empleados. De igual modo, entienden que la empresa ha incumplido con los requisitos que obligan a brindar información sobre las causas legales del traslado.
Fue el pasado 4 de enero cuando la representación legal de los trabajadores recibió una comunicación del departamento de recursos humanos en el que se informaba de la decisión del consejo rector de trasladar al personal, a partir del 1 de marzo, de la sede central a las instalaciones de Olmedo, donde se desarrolla el proceso fabril.
Cabe recordar que por parte de la cooperativa el traslado se ha justificado, desde el momento de su anuncio, en una rebaja de los costes centralizando todos los servicios. Tampoco se descarta alquilar las oficinas de ese céntrico edificio vallisoletano. Es previsible que la sentencia no se conozca, como mínimo, hasta dentro de un par de semanas.
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