El campo ve una oportunidad en la Ley de la Cadena Alimentaria «si se aplica y se vigila»

La ley introduce un cambio sustancial con la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón, «lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal», recuerdan desde COAG.

Por otra parte, se incluye en parte al canal de restauración Horeca, con lo que las grandes empresas estarán sometidas al cumplimiento de la ley. También se crea un registro digital de contratos para las relaciones entre el primer eslabón y sus compradores; se mejora la figura del mediador y al Observatorio de la Cadena se le atribuye la función de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos o la de elaborar y publicar actualizaciones periódicas de índices de precios y costes.

Otro aspecto que supone una mejora es la introducción del concepto «coste efectivo de producción», donde se incluye la mano de obra familiar, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.

El sector primario ve con buenos ojos estos planteamientos, pero en todos los casos se insiste en la necesidad del cumplimiento efectivo de la norma.

«Si la ley ya está aprobada, que se cumpla», sentencia el presidente de Asaja, Donaciano Dujo. «Es necesario que haya una referencia de costes de producción oficiales para que se venda por encima; si no, no hemos sacado nada». Dujo insiste en que «la herramienta es buena si se hace cumplir» y aunque reconoce que «pasos se van dando, en esto –matiza–, tengo que verlo para creerlo».

El secretario regional de COAG, Lorenzo Rivera, valora «positivamente» las novedades y ve «una oportunidad para que el 80% de los problemas del campo se solucionen, otra cosa es que se aplique y por parte del Ministerio y las comunidades se establezcan las armas para que lleve a la práctica. La ley es importante porque tenemos la herramienta, pero ahora lo importante es que se aplique y se vigile».

Aurelio González, secretario de UPA, habla de «una reivindicación histórica del campo» y asegura que «por primera vez, vamos a tener una herramienta para, por lo menos, tener contratos que cubran los costes; es muy importante que se prohíba la venta a pérdidas». Reclama que los costes que se incluyan en los contratos «sean de verdad una referencia estatal o de las comunidades, unos costes oficiales», y para que sea efectiva «la ley hay que cumplirla».

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González, expone que la normativa «es muy bonita sobre el papel, pero como no haya compromiso firme no va a dar resultado; presenta muy buenas intenciones pero los costes siguen sin cumplirse en muchísimos contratos hoy en día. Para que dé sus frutos hace falta voluntad y presión».