El cambio climático, el nuevo desafío

El nuevo reglamento europeo supondrá un cambio sustancial en la PAC para la región. Una nueva reforma agraria que pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a una política basada en la planificación estratégica orientada a la consecución de resultados concretos vinculados a unos objetivos comunes para toda la Unión Europea.

En rasgos generales, y como en otras ocasiones, este nuevo horizonte trae consigo luces y sombras para el sector en Castilla y León. Uno de los temas principales que más preocupan a los profesionales del sector y a las organizaciones agrarias es el reparto de las ayudas. ¿Cómo se van a repartir en la nueva PAC 2023?

Ayudas y agricultor activo

La reforma implica cambios e incluye ayudas directas vinculadas a la producción que se recibirán en función del tipo de producción que se haga en las explotaciones agrícolas. Y las ayudas directas desvinculadas a la producción que irán de forma mayoritaria a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, a la incorporación de jóvenes y a la práctica de los ecoesquemas.

La definición del agricultor activo es otra de las grandes batallas estructurales que no se resolverán con la nueva PAC. Se considera, según el actual borrador 'agricultor activo' a toda persona física o jurídica, o grupos de personas físicas y jurídicas, que es titular de una explotación agraria situada en la Unión Europea, y que ejerce una actividad agraria y asume el riesgo empresarial de la actividad agraria desarrollada. El agricultor adquiere esta condición cuando cumple al menos una de las siguientes condiciones: estar afiliado a la seguridad social agraria por cuenta propia o, cuando una parte significativa de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria. Además, el requisito de agricultor activo no se aplica a los agricultores que habiendo sido beneficiarios de ayudas directas el año anterior hayan percibido menos de 5.000 euros, antes de la aplicación de las penalizaciones o exclusiones derivadas de los controles de subvencionabilidad o de condicionalidad.

De 50 a 20 territorios

La simplificación de las regiones productivas, a través de las cuáles se definen los importes de la ayuda base, es otra de las grandes novedades de la nueva PAC. Según el nuevo Plan Estratégico, se prevé que pasen de cincuenta a ser veinte territorios, un sistema que según los expertos podría beneficiar a Castilla y León.

Otro de los grandes cambios que va a traer la PAC 2023-2027 será la reducción de la carga administrativa que ha ido 'in crescento' en los últimos años. Para ello, en el borrador del Plan Estratégico se plantea la puesta en marcha de una nueva Política Agrícola Común que apueste por la digitalización completa de todos los sistemas que se utilizan por la administración para su relación con los agricultores y ganaderos y se llevará a cabo gracias al Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas (SIEX). A través de esta plataforma, todos los profesionales del sector deberán tener un cuaderno de campo agrícola totalmente digital para así reducir la burocracia administrativa.

Además, en la PAC 2023-2027 se mantendrá el sistema de derechos y la convergencia interna, como demandaba Castilla y León, de manera que en 2026 todos los derechos de cada una de las regiones valdrán como mínimo el 85 % del valor medio de cada una de ellas, y en 2029 valdrán igual para cada región.

Prácticas a cumplir

Con la PAC 2023 también llegará la «condicionalidad reforzada». Un nuevo concepto que incrementa los requisitos en torno a las buenas prácticas que deben cumplir agricultores y ganaderos para ser beneficiarios de las ayudas. Se trata de aspectos incluidos en el denominado pago verde o 'greening', que en el actual periodo tenían carácter voluntario, pero que ahora pasan a ser de obligado cumplimiento por todos los perceptores de los pagos europeos. Además, a partir de 2023 no se harán excepciones en el cumplimiento de estos requisitos, aunque se rebajan algunas medidas cuando se trata de explotaciones de menos de diez hectáreas de superficie.

Las condiciones mínimas que deben cumplir los agricultores y ganaderos de Castilla y León para percibir las ayudas europeas incluyen nueve requisitos en el borrador del Plan Estratégico, que definen la «condicionalidad reforzada» con la que no todos los agentes y organizaciones agrarias están de acuerdo.

Pastos permanentes

Entre los requisitos destacan el mantenimiento de los pastos permanentes en al menos un 5% del porcentaje actual, la protección de humedales y turberas, la prohibición de quema de rastrojos (excepto por razones fitosanitarias) y la creación de franjas de protección de cinco metros sin cultivar en los márgenes fluviales.

En cuanto a la gestión de la labranza, se reducirá el riesgo de degradación y erosión del suelo. Para ello, en parcelas en las que el desnivel medio sea superior al 10% no estará permitido labrar en el sentido de la pendiente, sino que los surcos deberán hacerse en perpendicular a la inclinación máxima del terreno. Eso sí, las autonomías podrán eximir de la aplicación de este requisito en parcelas donde exista riesgo de vuelco de la maquinaria.

Al igual que en la anterior PAC, se exige una cobertura mínima para evitar suelos desnudos en los periodos más sensibles y protegerlos de esta forma contra la lixiviación de nutrientes, la erosión y el agotamiento de la materia orgánica.

Diversificación

Además, los profesionales del sector deberán comprometerse, como ya se exigía, con la diversificación de cultivos de las explotaciones, siendo obligatorio que todas las parcelas roten sus cultivos tras un máximo de tres años, excepto los cultivos plurianuales y las explotaciones que dispongan de menos de 10 hectáreas, las que estén certificadas en ecológico o las que produzcan mayoritariamente forrajes herbáceos. También se exigirá a las explotaciones que al menos el 4% de su superficie agrícola esté dedicada a elementos no productivos, incluidas las tierras en barbecho. Si ese porcentaje se incrementa hasta el 7% el agricultor tendrá derecho al cobro de un ecoesquema, lo que le aportará ingresos adicionales de la PAC.

Por último, se prohíbe convertir o arar aquellos pastos permanentes declarados como sensibles, con el objetivo de lograr una protección efectiva de hábitats y especies en estos entornos, especialmente suelos ricos en carbono y paisajes de alto valor natural.