Asaja pide que Transportes y Adif indemnicen a los agricultores por los daños que causan los conejos

El Norte

Valladolid

Martes, 8 de marzo 2022, 13:28

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Asaja Valladolid ha reclamado que el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) indemnicen a los agricultores por los daños que los conejos están causando en sus explotaciones. Ayer, la organización junto con otros colectivos y organizaciones, mantuvo una reunión con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para abordar soluciones que se pueden poner en práctica.

«Tienen que responsabilizarse de los daños que causan estos animales porque no han puesto los medios necesarios en sus terrenos para impedir que estos mamíferos pasen a las tierras de los agricultores y arrasen sus cultivos», explicó en un comunicado el presidente de Asaja en Valladolid, Juan Ramón Alonso.

El sindicato cree que, aunque tarde, si es necesario reforzar todo el vallado, como propone la Delegación del Gobierno de Castilla y León, con más «mallas conejeras» que «blinden» los bordes de carreteras y autovías para impedir que estos animales lleguen a los cultivos de unos agricultores que con la crisis de Ucrania son más importantes que nunca. «Una medida que llega tarde y que, si se hubiera tomado antes y con mayor responsabilidad y contundencia, se hubiera evitado gran parte de los daños», aseguró Alonso.

Asimismo, el sindicato pidió que este refuerzo con más mallas en los bordes de autovías y vías de tren comience en las zonas más graves. «En concreto los bordes de las autovías A-11 y A-6 y toda la zona que abarca desde Tordesillas hasta Valladolid y desde esta ciudad hasta Palencia, donde la situación es alarmante», señala el presidente de Asaja Valladolid en un comunicado recogido por Ical.

No obstante, reclamó también indemnizaciones y permisos de caza con hurón de estos animales permanentes para controlar de forma sostenible la población de estos animales. Finalmente, reiteró una vez más que es una «vergüenza y una injusticia», que los agricultores desesperados para defenderse de una situación «tan injusta», se vean obligados a meterse, por la inanición de estas administraciones, en un proceso judicial que ronda de media unos 13.000 euros y que se alarga durante varios años, aunque al final ganen la sentencia.