Asaja, COAG y UPA recurren ante la Audiencia Nacional contra la orden del lobo

Con este recurso, las organizaciones agrarias aseguran que tratan de evitar que se agrave aún más la situación de los ganaderos que, como el propio ministerio de Transición Ecológica reconoce en su última Memoria, aún estando en vigor el anterior régimen de protección, «desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas».

Con anterioridad a la inclusión del lobo en el LESPRE, los ganaderos al norte del rio Duero perdían una media de 9.812 animales al año, la incorporación del lobo en este régimen de protección especial, lógicamente supondrá un incremento exponencial de estas pérdidas por no hablar de otros daños en el ámbito rural, argumentan las organizaciones agrarias.

En el recurso presentado se detallan pormenorizadamente los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, «siempre parciales e insuficientes», para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.

En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020 se han declarado 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas. Las provincias más afectadas por estos ataques se encuentran al sur del Duero, donde precisamente el lobo está incluido en el LESPRE desde el año 2019, por lo que todo hace pensar que con la aprobación de la orden de Transición Ecológica esta situación se extrapole al resto de provincias y la problemática se agrave aún más.

En suma, en el recurso de Asaja, COAG y UPA ante la Audiencia Nacional se argumenta cómo el lobo «no está en situación vulnerable al norte del Duero; la desprotección en la que quedan vacas, ovejas y equinos y la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva causan un grave impacto económico y social tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural, por no hablar de las consecuencias medioambientales que la desaparición de la ganadería extensiva tendría sobre el entorno natural«.

Además, en el recurso también se alega cómo esta Orden ha entrado en vigor «sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo».

Asaja, COAG y UPA confían en que esta suspensión cautelar «haga rectificar a la ministra Teresa Ribera y emprender el cauce del dialogo y la búsqueda del consenso para, entre todas las partes afectadas, lograr garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera».