La 'ley Zerolo' no diferencia al colectivo LGTBi con el resto de minorías

La 'proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación' aborda la desigualdad étnica, racial, sexual, social, genética, religiosa, política, por discapacidad o por orientación sexual, sin hacer una disgregación entre unos y otros. En cuanto a lo que afecta a las personas LGTBi apenas hay una línea que indica, de forma específica, la necesidad de «avanzar en la igualdad de personas LGTBi». Y sin embargo los artículos contemplan varios derechos que sí se desarrollan con más detalle, y únicamente para esta comunidad, en la 'ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans', conocida como 'ley trans', de Unidas Podemos. Este paralelismo entre las dos propuestas hace que el debate se vea arrastrado por un telón de fondo de competencia entre los dos partidos del Gobierno. Un escenario que la vicepresidenta Carmen Calvo ha negado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La posible nueva ley establece que «la dificultad de la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas». Busca «prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas». «No pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen», advierte. La ley, en su afán de englobar la complejidad de las relaciones sociales, también «aborda las graves consecuencias que se dan cuando interaccionan en una misma persona dos o más motivos de discriminación, especialmente en las mujeres».

En sus artículos se prohíbe la discriminación directa (denegación) e indirecta (una norma aparentemente neutra que genera desventaja); la discriminación por error (mala apreciación de funcionarios) y la discriminación múltiple (cuando atañe a dos o más causas). Sanciona el acoso (entorno o actitud hostil, degradante, ofensiva); la inducción a discriminar, y la toma de represalias contra quien intente impedir o cesar una situación discriminatoria.

La propuesta de ley socialista propone medidas «positivas», «razonables y proporcionadas» para eliminar o compensar formas de discriminación o desventajas para los individuos y grupos a proteger, e influiría en aspectos del empleo, la educación o la sanidad. Se habla de «supresión de estereotipos» en los colegios, ausencia de «cualquier forma de discriminación» y seguridad en el disfrute de los servicios en los centros educativos. El profesorado tendrá que recibir una «formación específica en materia de atención educativa a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación». Además deja sin subvenciones a aquellos que «excluyan del ingreso en los mismos, discriminándolos, a grupos o personas individuales».

En la atención sanitaria se establece la promoción de «acciones destinadas a aquellos grupos de población que presenten necesidades sanitarias específicas, tales como personas mayores, menores de edad, con discapacidad, pertenecientes al colectivo LGTBi, que padezcan enfermedades mentales, crónicas, raras, degenerativas o en fase terminal, síndromes incapacitantes, portadoras de virus, víctimas de maltrato, personas en situación de sinhogarismo, con problemas de drogodependencia, minorías étnicas, entre otros, y, en general, personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión, con el fin de asegurar un efectivo acceso y disfrute de los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades».

Aunque sin anuncios detallados, en estos dos últimos apartados de Educación y Sanidad compite con la 'ley trans', en cuanto a las medidas contempladas de tratamientos médicos, elección de sexo a edades tempranas y comportamientos en los colegios. Siempre de la misma manera, sin recalcar medidas específicas para el colectivo LGTBi, considerados un colectivo vulnerable pero con el mismo peso que los otros.

La ley continúa con el desarrollo de ideas en torno a servicios sociales, seguridad ciudadana, administración de justicia, acceso de vivienda e incluso «inteligencia artificial»: «Los algoritmos involucrados en toma de decisiones que se utilicen en las administraciones públicas tendrán en cuenta criterios de minimización de sesgos», explica.

Saltarse la ley conllevará sanciones desde «responsabilidades administrativas» hasta «penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse», con una carga de prueba que beneficia al demandante. «Cuando alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable». Además las administraciones públicas deberán acudir al Ministerio Fiscal por «cualquier hecho o actuación del que tengan conocimiento en el que se haya acreditado trato discriminatorio».

Las sanciones van desde los 300 euros por las infracciones leves hasta 500.000 euros por las más graves, como «actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple», «conductas de acoso» o una «presión grave ejercida» sobre la autoridad o un empleado público. Se harán modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y hay un claro mandato al Poder Judicial para perseguir y visibilizar estos «delitos de odio».

Además de robar la iniciativa a Unidas Podemos, esta ley que lleva en solitario el PSOE -y se atribuye a una estrategia de Carmen Calvo-, produce otros choques. La colisión entre los dos grupos parlamentarios se produce en lineamientos como el trazado de la «estrategia estatal para la igualdad de trato y la no discriminación», la orden al Ministerio de Igualdad de trabajar «en colaboración con los departamentos ministeriales» en medidas que no serían para un solo colectivo, sino que deberían tener esa vocación general de la proposición socialista. Aunque Calvo ha reafirmado la necesidad de una ley específica LGTBi, a su juicio todavía sin pulir.

Además se crea el Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, «un organismo público con un órgano rector unipersonal, dotado de personalidad jurídica propia», que en la práctica es una nueva figura que invadiría el terreno abonado por Igualdad.

Por último, le quita el control del dinero a Unidas Podemos, al contemplar los «recursos económicos» para poner en marcha la ley, con «asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, subvenciones y aportaciones que se concedan a su favor, y contraprestaciones derivadas de los convenios de colaboración que suscriba, entre otros.