Las víctimas del amianto reclaman una ley contra el 'genocidio laboral'

Al amianto todavía están expuestas unas 125 millones de personas, dice la OMS. Incluso en España. «Tiene más de 3.000 usos industriales», asegura Gómez. «Hablamos del mayor genocidio laboral y social de la humanidad, porque, a pesar de conocer las consecuencias, se expuso a los trabajadores y a la población en general. Las víctimas del amianto estamos en total desamparo».

La desatención que denuncia Gómez se debe a que todas las reclamaciones de aquellos que ya tienen un diagnóstico de enfermedad causada por el amianto se deben dirimir vía judicial, procesos que se dilatan durante varios años, a pesar de existir una jurisprudencia al respecto. «El Estado apenas reconoce el 2% de la totalidad de las enfermedades del amianto, que no tienen cura», dice Gómez, hoy de 35 años, corredor aficionado y sin signos de enfermedades relacionadas con este material, excepto la ansiedad de «vivir bajo la espada de Damocles», explica.

En las horas previas a la votación parlamentaria para la investidura de Pedro Sánchez, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi se concentró frente a los juzgados de Bilbao para denunciar la «epidemia» y las 30 muertes ocurridas en la región el año pasado «a causa de la exposición laboral al amianto asesino». Una cifra que podría suponer sólo el 10% de los casos reales, según Patxi Kortazar, uno de los portavoces de la asociación, cuyo juicio tardó siete años en reconocer su caso.

La reclamación se enfrenta en la actualidad a varios obstáculos. «Aunque hay una propuesta para la creación de un fondo de compensación, aprobada por todos los partidos menos el PP, existe una táctica dilatoria parlamentaria», advierte Alejandro Ripollés, abogado especializado en el tema y presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto, con sede en la Comunidad Valenciana y unos 200 socios. «No se ha iniciado el trámite que podría equipararnos a países del entorno como Bélgica, Francia o Países Bajos, por ejemplo. Sin esto, se deben librar batallas judiciales que pueden durar siete años».

El primer inconveniente está en la aparición tardía de la enfermedad. «Incluso 30 años después», dice Ripollés. Por otra parte, muchas empresas que incumplieron la normativa de protección aprobada en 1964 ya han desaparecido y, finalmente, los plazos de prescripción para iniciar una demanda son muy cortos: doce meses para daños y perjuicios, que empiezan a contar desde el diagnóstico o desde que fallece la víctima. «Una familia que pierde a su padre no está pensando en ir al juzgado, y puede vencer el plazo». Las cantidades de indemnización promedio son de unos 250.000 euros. «Hablamos de miles de personas», dice Ripollés. La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi suma siete nuevos casos cada mes desde 2007.

«El cáncer derivado del amianto es mortal y la vida no tiene precio», advirtió una de las afectadas presente en la manifestación de Bilbao. «Nada compensa la vida de una persona», coincide Gómez. «Así que el mal llamado fondo de compensación debería ser una indemnización a la que se acceda directamente sin pasar por la vía judicial, incluso para los herederos».

Un nuevo caso se empezó a dirimir justo durante las protestas en Bilbao. El afectado por mesotelioma pleural había trabajado como calorifugador, con una gran exposición, asegura, en las centrales térmicas de Santurce, Pasajes y Lemoniz, cuyas tuberías y depósitos estaban revestidos de amianto. Todas eran de diámetros muy amplios y debían cortarlas y ajustarlas.