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Darío Menor
Roma
Sábado, 6 de junio 2020, 11:38
La 'cárcel' vaticana ya tiene dos inquilinos. El intermediario financiero italiano Gianluigi Torzi ha transcurrido su primera noche encerrado en los calabozos con que cuenta el cuartel de la Gendarmería Vaticana y donde lleva recluido desde 2018 el monseñor Carlo Alberto Cappella, ... que trabajaba en la nunciatura apostólica en Estados Unidos y al que se le incautó pornografía infantil. Torzi fue arrestado anoche tras ser acusado de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y estafa en el marco de una investigación por una inversión inmobiliaria irregular que habría realizado en Londres con dinero de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.
El Vaticano informó anoche de la detención de Torzi en una breve nota en la que comunicó que el imputado había sido antes interrogado en presencia de sus abogados y que le pueden caer hasta doce años de reclusión. El proceso está motivado por la compra de un edificio de 17.000 metros cuadrados en el exclusivo barrio londinense de Chelsea con fondos vaticanos, una inversión que el propio secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, consideró «opaca». Torzi habría cobrado unos 15 millones de euros por su labor como intermediario en una operación de unos 177 millones de euros.
El pasado otoño la adquisición inmobiliaria en la avenida Sloane de la capital británica ya provocó un terremoto dentro del Vaticano cuando el semanario 'L'Espresso' desveló que estaba en curso una investigación y que entre los sospechosos se encontraba el entonces director de la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF), Tommaso Di Ruzza, así como el sacerdote Mauro Carlino. Éste último fue secretario personal del arzobispo Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018 y hoy cardenal y prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
El pasado febrero Di Ruzza, Carlino y otros funcionarios implicados fueron suspendidos de sus cargos. Becciu, responsable de la inversión en el polémico edificio londinense, se defendió asegurando que la operación se desarrolló en interés de la Santa Sede y sin utilizar dinero del Óbolo de San Pedro, el fondo que recoge las limosnas que los fieles hacen al Papa para el mantenimiento de la Iglesia católica y costear obras de caridad. Algunos medios italianos consideran en cambio que la fiscalía vaticana habría encontrado indicios de que la compra se costeó en parte con dinero del Óbolo de San Pedro.
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