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Uno de cada cuatro españoles (el 26,5%) vivía en 2023 en la pobreza o en exclusión social, una situación que se agravó en el último año por los efectos de las sucesivas crisis económicas, el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y el elevado coste de la vivienda (la tasa era del 26% en 2022), pero un enfoque por comunidades autónomas muestra otras distorsiones, como las enormes diferencias entre unas y otras. Mientras que en el País Vasco está situación la sufren el 15,5% de la población, en Andalucía la padecen el 37,5%, 2,5 veces más. Pasan los años, pero la brecha de pobreza entre las regiones del norte y del sur de España sigue muy lejos de cerrarse, según constata el XIV Informe 'El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa' presentado este lunes por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
Las comunidades más septentrionales ofrecen tasas de pobreza y/o exclusión social bajas –entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (26,5%)– que incluso son inferiores a las medias europeas. Al contrario, las autonomías meridionales alcanzan tasas «extraordinariamente elevadas –entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional–, y superiores a cualquier país de la UE», subraya el estudio, que explica las causas de esta brecha en factores de diferente naturaleza, como la posición geográfica o la distribución de la población, pero también la gestión política y las diferentes estrategias de cohesión e integración social.
En concreto, la tasa Arope (el índice estandarizado de la Unión Europea para señalar el riesgo de pobreza y/o exclusión) se sitúa en el 33,8% (una de cada tres personas) en las comunidades del sur y en el 20,8% (una de cada cinco) en las del norte, frente a la media nacional del 26,5% y la media de la UE, 21,4%. Por territorios, Ceuta encabeza la clasificación nacional, con el 41,8% de su población en riesgo de pobreza y exclusión, seguida de Andalucía (37,5%), Melilla (36,7%), Canarias (33,8%), Extremadura (32,8%), Castilla-La Mancha (31,7%), Murcia (30,5%) y la Comunidad Valenciana (29,6%). Por debajo de la media nacional se encuentran Galicia (25,5%), Asturias (25), Castilla y León (22,4%), Cantabria (22%), La Rioja (21,8%), Cataluña (21,2%), Baleares (20,6%), Aragón (20,4%), Madrid (19,4%), Navarra (17,2%) y País Vasco (15,5%).
Entre las conclusiones del estudio sobresale la pérdida de correlación que se ha producido en los últimos años entre un aumento de la riqueza general y la disminución de la pobreza: una economía en crecimiento y una reducción del desempleo ya no son suficientes para garantizar condiciones de vida dignas a todas las personas. En este sentido, aunque el PIB ha aumentado en todas las regiones desde 2015, la tasa de pobreza sólo se ha reducido en diez, con casos destacados, como La Rioja, Madrid, Cantabria y Castilla y León, donde incrementos del PIB superiores al 15% desde 2015 solo han producido reducciones mínimas de la tasa de pobreza, entre el 1% y el 3%. La expansión económica debe ir acompañada de políticas de redistribución «basadas en la cooperación interterritorial que fomenten la cohesión social y mejoren la calidad de vida de toda la población», apunta el informe.
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