La ternura del ladrillo

La gestión directa de los servicios por parte de las administraciones públicas fue una de las primeras víctimas del pacto de estabilidad: como no podían endeudarse se dispararon los contratos con empresas externas. ¿Qué más podía desear el capital privado? Empezaron a surgir por todas las esquinas contratas de todo tipo, proliferaron figuras como consorcios, concesiones administrativas, fundaciones sanitarias, con el objetivo de disfrazar la deuda, que así no era ya «pública», cuando lo cierto es que con estas nuevas fórmulas de gestión, todo nos viene saliendo más caro, no hay más que ver el agujero negro que tenemos en el HUBU.

Eufemísticamente se le llama a todo esto «colaboración público/privada», pero el ánimo de lucro, característico de toda empresa privada por definición, no admite colaboraciones. Si exceptuamos los casos de trabajo asociado y cooperativo, la relación que se establece entre capital público y privado se llama parasitismo. Y es que los intereses con contrapuestos.

Para la administración pública el objetivo es prestar a la ciudadanía un servicio con suficiente cobertura, de calidad y eficiente, con un personal cualificado y con un contrato digno. El objetivo de una empresa privada, sea del sector que sea, es la obtención del máximo beneficio económico posible. Si una contrata le sale al Ayuntamiento más barata que la gestión directa del servicio, solo puede ser a costa de dos posibilidades: o la calidad deja mucho que desear, o el personal está sobreexplotado. ¿Cuál de las dos opciones nos parece mejor para elegir? A mí no me gusta ninguna de las dos.

La crisis de la pandemia está dejando al descubierto cosas importantes que debemos cambiar, pero hoy me voy a referir a una: el raquitismo de los Servicios Sociales, el escaso desarrollo del cuarto pilar del maltrecho Estado del Bienestar en un país que, para más inri, tiene fama de ser un país muy «familiar». ¿Y cuáles son esas políticas de ayuda a las familias que justifican esta fama? Por mucho que miro y remiro, y a pesar de una incipiente incorporación de los hombres a los cuidados, en la mayoría de los casos continúan siendo las mujeres quienes asumen la responsabilidad de atender a las personas dependientes de su entorno, mientras pueden.

Hay que tener en cuenta, además, que cuando pensamos en personas dependientes siempre se nos viene a la cabeza la vejez y, como mucho, la infancia, olvidando que todas las personas pasamos por diversas situaciones de dependencia a lo largo de nuestra vida: enfermedades puntuales, accidentes, intervenciones quirúrgicas, discapacidades de diversa índole, abandono, pobreza, soledad sobrevenida, etc.

Pero centrándonos en las dos edades extremas de la vida para facilitar las cosas: ¿Dónde se ven las supuestas políticas «familiaristas» en la primera edad de la vida? ¿Cuántas escuelas infantiles públicas tenemos en Burgos? ¿Cuántas plazas en guarderías? ¿Dónde están las campañas que promuevan la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de su prole para que no se penalice a las mujeres en el mercado laboral, para evitar la sobrecarga de trabajo?

En lo referente a la vejez, ya es de sobra conocida la escasez de plazas residenciales públicas y el cuestionamiento del modelo de atención actual. Tenemos que replantearnos todo esto bien a fondo. Es necesario construir un Sistema Nacional de Cuidados sólido y de cobertura universal y es urgente, dado el aumento progresivo de población vulnerable que está generando la pandemia.

Para ir avanzando en ese camino, ayuntamientos y diputaciones deberían asumir la parte que les corresponde. Las políticas municipales van más allá del asfaltado de las calles, el diseño urbanístico y el cuidado de parques y jardines; el cuidado de las personas que habitan en su municipio tiene que ser un objetivo central, y cuidar no es algo mecánico y sencillo, se necesita una motivación, unas habilidades concretas y una cualificación profesional que permitan dignificar a un sector tan esencial en nuestras vidas.

Y si hablamos de la zona rural, no me caben muchas dudas: con una buena red de cuidados, con personal suficiente de la misma zona, a ser posible, competente y con contratos dignos, la gente se quedaría en su pueblo, que es donde más a gusto se encuentra. Ese organismo casposo, rancio e inoperante llamado Diputación provincial ha perdido una nueva oportunidad de generar empleo de calidad en nuestros pueblos y de frenar la despoblación. Y el Ayuntamiento, la de demostrar que votar a la izquierda sirve realmente para cambiar las cosas.