Suspenden la condena a Borja, el joven que mató a un ladrón en Fuengirola

Se trata del principal escollo que tenía que salvar Borja para evitar entrar en la cárcel. De hecho, la orden de ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga se debía precisamente a que el joven no abonaba la responsabilidad civil, ya que cuenta con los otros dos requisitos para no ingresar en prisión: una pena no superior a dos años y ausencia de antecedentes penales.

Para salvar el problema económico, el abogado Alfredo Herrera, que representa a Borja, propuso un calendario de pago de 250 euros al mes para afrontar el resto de los 180.000 euros, ya que ya había abonado 6.000 euros en el juzgado. Por su parte, la Fiscalía informó a favor de la suspensión de la pena privativa de libertad para el procesado, si bien condicionando la concesión de este beneficio por un plazo de cinco años y al pago de la responsabilidad civil a razón de 36.000 euros anuales.

En cuanto a la representación de la familia de la víctima, que ejerce el letrado Enrique Agüera, en el auto se explica que en un primer momento se mostró en contra de la suspensión de la pena de cárcel al joven. Solo unos días después, pidió al juzgado de lo penal que confirmase si habían recibido 110.000 euros para afrontar el pago de la responsabilidad civil y que, si era así, se reconsideraría su postura en cuanto al paso por prisión del condenado.

En el auto, el juez no hace referencia a los 120.000 euros que Vox, tras realizar una campaña de crowdfunding para ayudar a Borja a pagar los 180.000 euros y evitar que ingresara en la cárcel, aseguró haber enviado al juzgado, ya que en el momento de emitir el escrito el magistrado no tenía constancia de si el órgano judicial contaba con dicha suma o no.

Lo que sí recuerda el juez es que el único problema para conceder la suspensión de la pena de cárcel al procesado se encuentra en el pago de esos 180.000 euros. Insiste en que, para que se otorgue este beneficio, Borja tiene la obligación de realizar algún tipo de esfuerzo, por mínimo que sea, para satisfacer la responsabilidad civil, siempre de acuerdo con su capacidad económica.

El magistrado explica que, pese a que se ofreció un calendario de pago de 250 euros mensuales, no se aportó documentación sobre la situación económica del condenado. En este sentido, exige al joven que presente en el juzgado información sobre si se encuentra trabajando, los ingresos que percibe y sus bienes, para poder ver así «si el compromiso de pago ofrecido sería suficiente». De hecho, incluso podría ser objeto de una investigación patrimonial si fuese necesario.

Aun así, el juez considera la voluntad de Borja de cumplir con los 180.000 euros establecidos de responsabilidad civil, pero advierte de que, una vez se cuente con los datos que permitan establecer la «verdadera capacidad económica» del joven, el juzgado emitirá una resolución en la que resolverá sobre si los 250 euros mensuales son suficientes o la necesidad de que esta cantidad sea mayor. En caso de que fuese así, también anunciaría un nuevo calendario de pago.

Ante esta situación, el magistrado concede la suspensión de la pena privativa de libertad a Borja durante cuatro años. Se trata de un plazo, según indica en el auto, «prudencial» y «suficiente» para evaluar el grado de cumplimiento del joven con el abono de la responsabilidad civil.

El abono de la responsabilidad civil conforme establezca el juzgado es clave para que Borja no cumpla con la pena de cárcel impuesta en la sentencia, pero el juez también establece otros criterios para que esta concesión no sea revocada. Entre otros aspectos, indica que el joven tendrá que comunicar cualquier cambio de domicilio y no podrá volver a delinquir.