Suspenden un desarrollo de 1.200 viviendas para proteger a 70 gatos

«Algunas colonias tienen diez años, otras cinco o seis. Todas están censadas y registradas. Igual hay algún gato nuevo, siempre aparece alguno», afirma Raphaela Fischer, presidenta de Bigatos, una de las dos asociaciones que recurrieron a los tribunales para paralizar un proyecto inmobiliario que había sido anunciado con bombos y platillos por las autoridades locales. En mayo, el concejal de Urbanismo de esta localidad valenciana, José Orozco, de Compromís, presentaba el plan y calculaba que en 18 meses estaría listo. Ya no es tan seguro.

En esta superficie de unos 60 campos de fútbol, según los datos del 'Estudio de la integración paisajística' del Ayuntamiento de Altea de junio de 2022, habitan «unos 70 gatos que ahora están aterrorizados», denuncia Fischer. «No acuden a la llamada del gestor para alimentarlos. Y, si acuden, están muy nerviosos, miran a todos los lados. No se dejan tocar. Tienen una actitud esquiva y huidiza. Las obras generan mucho estrés para ellos y les afecta en el sistema inmunitario y nervioso. Hay, además, varios gatos desaparecidos».

Para evitar el terror gatuno, Bigatos y Somos Gos acudieron a los tribunales. Ahora un juez de Alicante ordenó la paralización de los edificios. Debido al «perjuicio de difícil o imposible reparación» que podrían sufrir los animales, el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 dictó «la suspensión de la ejecución de las obras del Plan Parcial Bellas Artes de Altea». «Es la primera vez que se paraliza judicialmente un plan parcial de un ayuntamiento para proteger las colonias felinas», asegura Eloi Sarrió, el abogado que representa a las asociaciones.

En el centro de la polémica está la reubicación de los gatos. El traslado consiste en «mover el punto de comida poco a poco», dice Fischer. «No es algo que se pueda realizar con la obra empezada». Coincide Sarrió: «El ayuntamiento debe prever su destino de forma segura. Eso incluye los destinos a los que irán y no es algo rápido, porque les afecta mucho en su vida y salud. A veces se tarda meses».

Mientras se decide dónde irán los felinos, la ida y venida de excavadoras y camiones prosigue, porque la resolución del juez Salvador Bellmont exige una garantía de 20.000 euros, «un dinero que no tenemos», lamenta Fischer y que sea efectiva sólo donde «se encuentren censadas las colonias felinas no reubicadas y afectadas por las obras». Mientras, los gatos continúan su vida entre la maquinaria. El terror de las excavadoras no se detiene.