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'Solo sí es sí' dejará el próximo mes de ser el grito contra las agresiones machistas para transformarse en ley, para convertirse en una realidad. Desde agosto, solo sí es sí será el único criterio válido que podrán tener en cuenta jueces y policías ... para determinar si se ha producido o no un caso de violencia sexual. Para ordenar la protección inmediata de la víctima y castigar el delito.
El Senado va a pisar el acelerador y aprobará este mismo mes la ley de libertad sexual, la que convertirá todo acto sexual sin un consentimiento claro en agresión o violación. Los partidos que conforman la amplia mayoría que en mayo respaldó la norma en el Congreso, todo el hemiciclo salvo PP y Vox, han acordado que supere el trámite del Senado sin enmiendas, sin hacer cambios en un texto ya negociado y pactado durante meses en la Cámara Baja.
La ausencia de modificaciones supone que el sí de la Cámara Alta será el definitivo y que enviará la ley directamente al BOE para que la publique y entre en vigor. El sí final se registrará entre el 18 y el 21 próximos, cuando los senadores celebren un pleno extraordinario al efecto.
La aprobación de la ley, que ha necesitado más de dos años de ásperas negociaciones y pulsos entre los socios del Gobierno entre sí y con el resto de partidos, se producirá solo unos días después del sexto aniversario del salvaje ataque de La Manada en Sanfermines, cuando en la madrugada del 6 al 7 de julio de 2016 cinco jóvenes se confabularon para acorralar y violar reiterada y salvajemente a una chica de 18 que estaba bebida en un portal del centro de Pamplona. Fue la enorme indignación popular desatada por la tenue condena inicial contra los asaltantes, cuando la Audiencia de Navarra solo vio abuso y no violación, la que exigió la reforma del Código Penal que ahora se aprueba, que pretende que aquel atropello judicial no se repita jamás.
La ley contempla en su disposición final vigesimoquinta su entrada en vigor a los 30 días de la publicación en el BOE, lo que quiere decir que el grueso de la norma, incluida la reforma del Código Penal, se aplicará ya antes de que finalice agosto.
El texto cambia todo el capítulo de delitos sexuales. La existencia o no de consentimiento por parte de la víctima es el centro de la regulación. Desaparece el abuso y todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Ya no será preciso que medie violencia o intimidación para condenar por ambas categorías.
La penetración impuesta es violación. Toda penetración no consentida es violación, haya o no violencia o intimidación.
Toda agresión tiene cárcel. El fin de los abusos acaba con las multas. La agresión se paga al menos con un año de cárcel.
Acoso callejero. Se castigan con localización o multa comportamientos o proposiciones sexuales hostiles o humillantes.
Toda agresión acarreará un mínimo de un año de cárcel, hay nuevas agravantes que sumarán entre 2 y 3 años de prisión al condenado, como la agresión a la pareja o expareja o el uso de sumisión química (emborrachar o drogar a la víctima para anular su voluntad), incorpora como delito el acoso callejero, se prohíbe la publicidad de la prostitución en cualquier soporte, y considera violencia contra la mujer, además de la sexual y la de género, la mutilación genital, el matrimonio forzado, el acoso y la trata.
La ley garantiza a todas las víctimas de estos delitos, haya o no denuncia, un sistema de acogida, asistencia, ayudas y protección que les dará una cobertura muy similar a la que ya tienen las víctimas de la violencia de género, con apoyos legales, sanitarios, psicológicos, laborales, económicos o residenciales. Serán protegidas y asistidas por agentes, forenses y jueces especializados, atendidas en el teléfono 016 y sobre todo acogidas de forma integral en los centros de crisis de 24 horas que han comenzado a crearse en todas las provincias o en las equivalentes casas de niños, si son menores de 16 años.
Este bloque es justo la parte de la ley que no se aplicará de inmediato. Las administradores tienen un plazo máximo de seis meses para poner a punto las estructuras de apoyo a estas mujeres. Los centros de crisis, los protocolos sociales que permitirán acreditar a las víctimas como tales aunque no denuncien, la implantación de unidades de valoración forense que aconsejen medidas de protección al juzgado, la toma de muestras y pruebas en un solo acto, o el canal específico para denunciar y bloquear la revelación de datos personales en internet.
El Gobierno tendrá un tope de un año para enviar al Congreso las reformas legales que permitan que los juzgados y fiscalías especializadas en violencia contra la mujer asuman la investigación de todos estos delitos, e idéntico plazo para remitir una reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita que se la garantice desde el minuto uno a todas las víctimas de las violencias sexuales.
La policía investiga en Valencia la última agresión sexual en grupo conocida. Aunque la denuncia trascendió el pasado sábado, los hechos ocurrieron el 18 de junio, cuando tres hombres violaron a una mujer de 26 años tras abordarla de madrugada en una céntrica calle de la ciudad. Es el último episodio de un delito que siempre ha estado ahí, pero que tenía escasa visibilidad. La violación y posterior condena del grupo autodenominado La Manada, que agredió a una joven en los Sanfermines de 2016, movilizó a la sociedad española y disparó el número de denuncias.
Aunque no hay datos oficiales, los pocos estudios que existen indican que los ataques en manada se han multiplicado por cinco en diez años. Y hay un patrón que se repite: los asaltos suelen ocurrir la noche de los fines de semana o de jornadas festivas, en el 50% o el 60% de los casos las víctimas tienen entre 18 y 35 años, y los agresores han visto mucha pornografía. Desde 2016, se han registrado más de 270 agresiones sexuales grupales en España, según el portal Geoviolencia Sexual, y la mitad de ellas se han producido entre mayo y septiembre, coincidiendo, muchas veces, con momentos de ocio y escenarios como las fiestas veraniegas.
Los expertos subrayan la importancia de la denuncia para activar todos los mecanismos de protección a la víctima y persecución de los culpables. Las denuncias falsas, como la de una joven que se inventó una violación en la playa de La Malagueta la noche del 8 al 9 de mayo pasados no ayudan, pero su número es ínfimo. La denuncia formal siempre es el primer paso para acabar con una situación de ocultación y sufrimiento. La denuncia contra los miembros de La Manada (el ex guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero, el exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero) desembocó en un proceso judicial y en una condena final por la que hoy los integrantes de aquel asalto sexual múltiple cumplen entre 15 y 21 años de cárcel. La cifra es el resultado de haber sumado al delito de agresión sexual las penas por haber grabado a la víctima y por haberle robado el móvil.
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