La ley del 'solo sí es sí' prohíbe la publicidad de la prostitución

El pleno, con los únicos 'noes' de PP y Vox, dio el plácet a la norma que convierte en agresión todo acto contra la libertad sexual no consentido con claridad. La suma de 'síes' de Gobierno, izquierda, nacionalistas y Ciudadanos, dos centenares de escaños, es uno de los grandes consensos de la legislatura y un éxito de Irene Montero, la ministra de Igualdad, que ha luchado con uñas y dientes para sacar esta ley adelante. «Hoy el movimiento feminista vuelve a hacer historia», aseguró desde la tribuna, vestida de violeta.

Los diputados dieron este paso decisivo a escasos 40 días del sexto aniversario del salvaje ataque de La Manada en sanfermines, cuando cinco jóvenes se confabularon para acorralar y violar reiteradamente a una chica de 18 que estaba bebida. Fue la indignación desatada por la tenue condena inicial, que solo vio abuso y no violación, la que activó la reforma, que pretende que el atropello legal no vuelva a repetirse.

El reforma, que si el Senado la ratifica pronto entraría en vigor este verano, cambia todo el capítulo de delitos sexuales. La existencia o no de consentimiento por parte de la víctima es el centro de la regulación. Desaparece el abuso y todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Ya no será preciso que medie violencia o intimidación para condenar por ambas categorías. Pero la ley del 'solo sí es sí' no se limita a los delitos sexuales. Se ocupa de todos las violencias contra las mujeres por el simple hecho de serlo y prohíbe la publicidad de la prostitución en cualquier soporte.

Solo existen dos delitos contra la libertad sexual. Agresión sexual (tocamientos y todo tipo de asaltos contra esta libertad) y violación, agresión con penetración.

Con la desaparición de los abusos también se evaporan las multas. Toda agresión se paga al menos con un año de cárcel.

La agresión sexual tiene penas de 1 a 4 años de cárcel y la violación de 4 a 10. A partir de ahí, hay un catálogo de agravantes que elevan la pena en un grado (si se aprecia una) o en dos (si dos o más). Una agresión sexual agravada puede llegar a los 6 años de cárcel y a 7 con doble agravante. Entre las violaciones, la agravada se movería entre 7 a 12 años y la muy agravada, entre 9 y 15.

Parte de las agravantes ya existían, como la agresión grupal, el uso de armas o la violencia extrema. Otras son nuevas, como que el agresor sea la pareja o expareja. Agredir a una expareja supone un mínimo de dos años más de cárcel y violarla, al menos tres.

Otra agravante castiga la sumisión química (emborrachar o drogar a la víctima). Sumaría por sí sola a la pena entre 2 y 3 años de cárcel. La agresión con sumisión se pagaría con un mínimo de 6 años de cárcel y si hay violación con no menos de 7 a 12 años.

Es un nuevo delito. Castiga con localización, multa o trabajos comunitarios comportamientos o proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidatorias. Exige denuncia y no incluye piropos que merezcan tal nombre.

Todos los adolescentes condenados por delitos contra la libertad sexual tendrán, con independencia de la pena, la obligación de someterse a programas formativos en sexualidad e igualdad.

Se incluyen medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar el contacto visual con el presunto agresor o la declaración en salas especiales.

La ley no se limita a la agresión sexual. Es una norma integral contra toda violencia hacia las mujeres por el hecho de serlo. Previene, ayuda y protege a víctimas de mutilación genital, matrimonios forzados, acoso o trata.

Implanta para las víctimas de estos delitos, haya o no denuncia, un sistema de asistencia, ayudas, acompañamiento y protección que les dará una cobertura muy similar a la que ya tienen las maltratadas de la violencia de género. Serán protegidas por agentes, forenses y jueces especializados, atendidas en el teléfono 016 y se crearán centros de crisis de 24 horas para las mayores de 16 años y casas de niños. Las más desfavorecidas recibirán ayudas y tendrán, por ejemplo, acceso preferente a la vivienda pública.

Toda madre a la que su pareja o expareja asesine a alguno de sus hijos tiene la condición de víctima directa de un delito violento, lo que le da derecho a recibir ayudas del Estado en caso de impago de las indemnizaciones por parte del autor del crimen.

Quienes agredan sexualmente o corrompan a un menor y quienes instiguen la prostitución serán privados de la patria potestad de sus hijos, de la tutela o del acogimiento por un plazo de cuatro a diez años. Los jueces también suspenderán las visitas a los acusados por violencia de género.