Las solicitudes de eutanasia aumentan un 25% y se aceptan tres de cada cuatro

Tras dos años y medio de rodaje de la ley, los enfermos españoles que solicitaron que se les practicase la eutanasia aumentaron en 2023 un 25%, hasta alcanzar las 766 peticiones, que son tantas demandas como las registradas en los dos años anteriores, cuando hubo 173 y 576, respectivamente, según los datos oficiales dados a conocer hoy por el Ministerio de Sanidad.

El porcentaje de peticiones para obtener la ayuda a morir que los médicos y comisiones autonómicas de garantía y evaluación aceptan llegó el año pasado al 76%, lo que supone autorizar algo más de tres de cada cuatro. En 2023 se practicaron finalmente en España 334 eutanasias legales, pues a las autorizadas hay que restarle dos situaciones que se producen en muy escasas ocasiones. El 3% de los españoles que el año pasado obtuvieron permiso para que los sanitarios pusiesen fin a su vida cambiaron de opinión y no consumaron su derecho y el 4% decidió aplazar por algún tiempo la eutanasia concedida.

Pese al alto número de autorizaciones, hay un dato que apunta a que en algunos centros hospitalarios y territorios existen médicos nada propensos a permitir que los enfermos terminales o con dolencias muy graves e invalidantes que les ocasionan un importante sufrimiento puedan ejercer el derecho a poner fin a su vida que les otorga la ley desde junio de 2021. Casi al 60% de los solicitantes a los que inicialmente sus médicos les denegaron la petición acaban siendo autorizados a recibir la eutanasia cuando impugnan la negativa de los facultativos ante las comisiones de garantía y evaluación. Seis de cada diez.

Un segundo dato oficial abona la teoría, defendida por la asociación Derecho a Morir Dignamente, organización que lucha desde hace 40 años porque los españoles puedan ejercer este derecho, de que hay médicos y comisiones técnicas autonómicas que ponen trabas o al menos no adoptan la debida diligencia a la hora de aplicar esta norma. Así lo demuestra que el año pasado el tiempo medio transcurrido entre la petición de poner fin a su vida por parte del paciente y que le fuese aplicada la eutanasia fue de 67 días, lo que quiere decir que se tardó prácticamente el doble que lo que marca la ley, que es un un tope de 35 días para todo el proceso. Este incumplimiento sistemático de los plazos que fija la norma contribuye a que uno de cada cuatro solicitantes de este derecho termine por fallecer antes de que haya recibido una respuesta sobre su demanda de eutanasia. Según la información facilitada por Sanidad, estas personas que fallecen de forma natural y sin respuesta lo hacen de media al mes de haber presentado su demanda a sus médicos.

El perfil mayoritario de los solicitantes españoles de la eutanasia, a la vista de los datos oficiales de 2023, es el de un enfermo de entre 70 y 79 años que tiene como principales patologías de base algún tipo de cáncer o una dolencia de tipo neurológico, como puede ser la ELA, la esclerosis múltiple o el párkinson. Pese a la gravedad habitual de su estado de salud, el 95% posee su capacidad intacta de decisión al inicio de su solicitud, aunque también es cierto que un 15% de ellos están muy cerca de perderla. Un 12,5% de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.

La gran mayoría de quienes reciben el sí a su petición reciben la eutanasia en el ámbito de la sanidad pública. El acto de final de la vida se lleva a cabo en los hospitales en casi la mitad de las ocasiones (el 47%), aunque en una proporción muy semejante, el 44%, la prestación sanitaria se realiza en la residencia o domicilio donde vive el paciente. En la mayoría de los casos, los enfermos solicitan que sea el equipo sanitario quien realice la administración directa de la medicación que pone fin a su vida.