El Seprona cifra en 10 millones el expolio de los regadíos ilegales de subtropicales en la Axarquía

La investigación se inició hace cuatro años a raíz de las denuncias de ecologistas y de los propios agricultores que sí cumplen con la normativa y que alertaron del uso fraudulento del agua para el riego en la comarca de la Axarquía en algunos cultivos de subtropicales.

Algunos de esos agricultores se unieron y denunciaron a la junta de gobierno de varias comunidades de regantes por el mal uso del agua, ya que se estaba permitiendo el riego fuera de la cota 140, lo que está completamente prohibido por la normativa.

A partir de ahí, los investigadores iniciaron una campaña de inspección en la que recorrieron 345 hectáreas de cultivo de subtropicales donde se pudo comprobar cómo se realizaba una extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara.

Los guardias civiles detectaron 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos o balsas, por lo que solicitaron un informe al Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía sobre su legalidad. El resultado es tremendamente revelador. Más de 250 de los 299 aprovechamientos inspeccionados eran ilegales.

A tenor de la información facilitada por la Junta, se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 m³ aproximadamente, y que la extensión total se elevaría a 240,242 hectáreas, aproximadamente. Es decir, más del 60% de la superficie inspeccionada estaba siendo regada ilegalmente.

La Junta informó de que este saqueo se había producido encontrándose la masa de agua «sobreexplotada», e incluso estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administración medioambiental autonómica en situación de sequía prolongada y de excepcional sequía.

Los investigadores estiman que un total de 222 hectáreas del suelo de esa zona podría estar siendo regado ilegalmente con agua procedente de las comunidades de regantes, que estaba siendo derivada con el conocimiento de sus responsables, que podrían haber incumplido su específica obligación legal de actuar y vigilar.

La cantidad de agua derivada ilegalmente por estas comunidades de regantes se estima en 2.481.712 m³, lo que habría ocasionado un perjuicio económico de unos tres millones de euros durante los últimos años.

En la operación han sido detenidas 26 personas y otras 44 investigadas policialmente. Aparte, hay otras 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo. No en vano, la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, tal y como adelantó SUR, contenía 114 nombres. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sostiene que ya hay más de 180 investigados.