Sanidad urge a Bioética para que emita su informe sobre AstraZeneca esta misma semana

El Ministerio de Sanidad, que se dirigió de urgencia la tarde del miércoles a este grupo de expertos dedicados a asesorar a las administraciones después de constatar que la gran mayoría de las comunidades le exigían en el Consejo Interterritorial dejar elegir a los afectados, ha instado a Bioética a dar su opinión antes incluso del fin de semana.

Las prisas, según ha insistido el Gobierno, vienen de que la gran mayoría de esos dos millones de empleados ya ha sobrepasado con creces las 12 semanas que prescribía el prospecto de AstraZeneca para la segunda dosis. Es más, muchos están a punto de cumplir, incluso, las 14 semanas. Con esta presión, el comité ha convocado a sus miembros de urgencia a un pleno telemático el viernes para tratar de llegar a un acuerdo que poder plasmar en el documento que reclama Salud Pública de manera exprés.

En cualquier caso, el dictamen de Bioética es meramente «consultivo» y no es en modo alguno vinculante para Sanidad, que está determinada a dar la opción de elección y evitar a toda costa reabrir un nuevo frente con las comunidades, explican fuentes gubernamentales. En Salud Pública recuerdan que el miércoles Darias no prometió hacer lo que dijera el Comité (cuyas recomendaciones en cualquier caso nunca son tajantes) sino simplemente «ir de la mano» de Bioética, sobre todo en relación a cómo debe ser el «consentimiento informado» que firmen las personas que quieran repetir con AstraZeneca.

Sea como fuere, decisión de implicar al comité en la crisis provocada por la segunda dosis no ha caído del todo bien este grupo compuesto por una docena de especialistas médicos, juristas, filósofos y biólogos porque –explican fuentes cercanas a la institución- podría comprometer su neutralidad. Y ello porque dos de de sus más destacados miembros – Federico de Montalvo Jaaskelainen (presidente del comité y profesor de Constitucional) y Vicente Bellver Capella (catedrático de Filosofía)- son, a su vez, miembros del grupo de trabajo de la Estrategia de Vacunación y, por tanto, están directamente implicados en las decisiones de Sanidad de suspender la administración de AstraZeneca, entre otras cuestiones.

De hecho, el comité, en un informe el pasado diciembre sobre la «estrategia de la vacunación» y la «priorización» de determinados grupos, declinó manifestarse ya que desde septiembre de 2020 la institución, a través de dos destacadas voces, está asesorando ya al Gobierno sobre el plan de inmunización.

En el departamento que dirige Carolina Darias están convencidos de que Bioética va a avalar la decisión del Interterritorial de que los centenares de miles de policías, farmacéuticos, dentistas, bomberos y militares afectados por el parón de AstraZeneca se les dé el privilegio de elegir marca comercial que se les va a negar al resto de la población. Y ello –entiende Sanidad- porque se trata de «circunstancias excepcionales» provocadas por el frenazo vacunal a cuenta de los dos centenares largos de trombos detectados en Europa entre personas de mediana edad, sobre todo, mujeres.

Los antecedentes, desde luego, alientan la esperanza del Gobierno de obtener el espaldarazo. En abril de 2020 ya dejó claro en un informe sobre la recogida de datos sanitarios que en un escenario de pandemia como la actual cabían más excepciones morales de las habituales «por estar en juego intereses vitales para la comunidad».

El Comité de Bioética fue creado en 2007 en el marco de la Ley de Investigación Biomédica aprobada bajo el primero Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de «órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, que desarrolla sus funciones, con plena transparencia, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud». Está adscrito al Ministerio de Sanidad y «tiene la misión de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico» siempre sobre cuestiones médicas y sanitarias. La ley también le asignan las funciones de establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica.